La provincia que era considerada «capital antiminera» podría tener la primera mina de cobre del país para iniciar lo que en la industria consideran la «era del metal rojo» en Argentina, pues hay al menos 5 minas estarían en producción en los próximos 10 años. Claro, en el medio hay un largo proceso que recién se inicia y un antecedente complejo. Se trata del proyecto San Jorge, en Uspallata, que actualizó su Declaración de Impacto Ambiental con modificaciones a lo que fue el primer intento, en 2011. Entre otras cosas hasta le cambiaron el nombre a PSJ Cobre Mendocino, con propietarios suizos y mendocinos.
La empresa proponente cambió de dueños y hasta de nombre. Intentan eliminar del imaginario la marca «San Jorge» para que quede como PSJ Cobre Mendocino. La propuesta para extraer el cobre es la misma, que es a través del proceso de flotación para aprovechar el sulfuro de cobre, pero el proyecto fue revisado por completo y hay ajustes que hacen a la eficiencia, que amenguan algunos impactos. El yacimiento es rico en ese metal, pero no se explotará el óxido de cobre, que debe extraerse a través del proceso de lixiviación, que está prohibido. Ese material no será descartado: está previsto un sector de acopio de esas reservas, que están proyectadas en 41 millones de toneladas.
La mina estaría en una zona de fácil acceso, a solo 97 kilómetros e la ciudad de Mendoza y a 37 de Uspallata. A diferencia de otros proyectos cupíferos, está a baja altura, se podría trabajar todo el año y casi no tiene complicaciones de acceso. Las concesiones y el predio de trabajo tiene unas 10 mil hectáreas. En 2011 la Legislatura le bajó el pulgar al proyecto de Coro Mining. Desde entonces hubo otros movimientos relevantes que confluyeron en la presentación que ahora analiza el Estado. Entre ellos, el cambio de accionistas, un recurso judicial en la Corte de la Nación que eliminó dudas sobre el usos de sustancias no prohibidas en la ley 7722 y nuevos estudios ambientales y técnicos.
Impactos
San Jorge será una mina a cielo abierto para aprovechar el cobre diseminado en el cerro homónimo. El producto final no será cobre fino, sino concentrado de cobre (que tendrá también oro) que será enviado al exterior para su refinación. Ese concentrado se obtendrá a través del proceso de flotación. Primero se hacen voladuras para abrir el «tajo» en la montaña; es extrae el material grueso para los procesos de trituración, molienda y posterior concentración por flotación, filtración y secado, para su posterior acopio y despacho a refinerías que lo convertirán en metal. La mina se proyecta con una vida útil de 16 años.
Los impactos más importantes tienen que ver con el «rajo», es decir la voladura del cerro; reducción del caudal de agua superficial del arroyo El Tigre, reducción del caudal de agua subterránea de la cuenca subterránea de Yalguaraz, alteración de la calidad del curso de agua superficial, alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado, entre otros.
Una de las dudas que se generan alrededor de la minería a cielo abierto son los restos de la producción, las colas. Se evaluaron dos alternativas y se hará «depositación de colas espesadas, con un contenido de sólidos del 67 %. Ese depósito es el sitio de mayor impacto por las dimensiones que tendrá. El depósito de colas espesadas abarca una superficie de 216 hectáreas. Para tener una idea, la zona núcleo del Parque General San Martín tiene unas 350 hectáreas.
Par ala producción, PSJ necesita algunos recursos críticos, principalmente agua, energía eléctrica y combustibles. Según el informe, demandará un consumo de agua de 2.182,4 m3 por día en la etapa de operación, que sería provisto por el Arroyo El Tigre. En la etapa de construcción será mucho menor: 218.000 m3 por año para el primer año y 159.000 m3 /año para el segundo año.
Las instalaciones estarán preparadas para procesar 10 millones de toneladas, «con una producción promedio de concentrado de cobre de 151.000 toneladas por año» y un pico de 241.000 toneladas por año. En el Informe de Impacto Ambiental está también la promesa de inversión y el posible impacto económico. No se mencionan los ingresos por regalías (que deberían ser el 3% de lo extraído a valor boca de pozo), pero sí el impacto general. «A lo largo de los 16 años de vida útil del proyecto, se han considerado precios de referencia de USD 7.496 por tonelada de cobre y USD 1.750 por onza de oro. Bajo estos supuestos, el PSJ generará un Valor Bruto de Producción (VBP) total de USD 5.842 millones, con un promedio anual de USD 365 millones», indica el Informe. Según esa promesa, el Producto Bruto Geográfico de la Provincia crecería 1,90 % anual y «elevaría el nivel de exportaciones en un 27,82 % en promedio por año». «La Administración Pública Nacional y la Provincia de Mendoza recibirán, respectivamente, US$ 840,32 millones y US$ 288,64 millones en ingresos derivados del PSJ», agregan.
El proceso
El proceso de producción es inédito para Mendoza, pues no hay minas a cielo abierto desde que se cerró Sierra Pintada, en San Rafael, y nunca hubo una en la órbita del Gran Mendoza. El «tajo», que es la forma de abrir la montaña, se hace con voladuras controladas. «El desarrollo del tajo se realizará mediante voladuras en banco, es decir a través de la detonación de explosivos dispuestos en pozos verticales o subverticales», detalla el Informe. «La operación voladura incluye la colocación en los pozos perforados de la carga de explosivo determinada y se inicia con una secuencia tal que se consiguen los resultados esperados de fragmentación y desplazamiento, sin afectar elementos ajenos a la misma», agrega.
El material resultante de esas voladuras es transportado por enormes camiones para que sea triturado, casi convertido en polvo través de los procesos de trituración primaria, secundaria y terciaria y una posterior molienda. El material se acopia y se mezcla con agua antes de pasar al proceso de flotación. Esa es la etapa más relevante, pues es donde comienza a separarse el material estéril del rico en minerales. La flotación ese hace en tanques que tienen «palas» giratorias con productos químicos. Allí se genera una especie de espuma y se separan los materiales. «De los procesos de tratamiento del mineral se obtendrá solo un producto, el concentrado compuesto por cobre y minoritariamente por oro», se explica. Según los cálculos, se estima producir un promedio de 18,9 toneladas por hora de concentrado durante la vida útil del proyecto. con picos de 36,6 t/h en algunos períodos. Ese material tendrá un 25% de cobre. El metal fino no se obtendrá en Mendoza, sino que se refina en el exterior. «El concentrado se transportará a puerto en contenedores», se aclara.
El proceso no incluye productos químicos explícitamente prohibidos por la ley 7722. En el primer proyecto San Jorge existía la polémica por el concepto de «otras sustancias». Esa mención genérica ponía en dudas si el xantato y los subproductos generados podían están alcanzados por la 7722. Allí hay una clave jurídica. San Jorge apeló a la Corte Suprema de la Nación, que determinó que esa mención genérica era inconstitucional, por lo que legalmente las sustancias prohibidas son las mencionadas explícitamente en la ley: cianuro, ácido sulfúrico y mercurio.
En el Informe de Impacto Ambiental se describen las sustancias a utilizar:
- Cal (Óxido de Calcio): modificador de pH.
- Espumante (Metil Isobutil Carbinol): compuesto orgánico que le otorga consistencia a la espuma evitando el proceso de coalescencia.
- Colector (Isobutil Xantato de Sodio): reactivo orgánico que reacciona sobre la superficie de los minerales sulfurados aumentando la flotabilidad de las especies.
- Floculante (Poliacrilamida aniónica de alto peso molecular de cadena larga): reactivo que permite la sedimentación acelerada de las suspensiones, asegurando de esta manera una recuperación importante de agua; y para el caso del concentrado un producto adecuado para la filtración final.
Por los volúmenes de inversión, San Jorge está en condiciones de postular a los beneficios del RIGI. Eso le permitiría importar bienes de capital sin restricciones, disponer de divisas y acceder a beneficios impositivos extraordinarios. En la etapa de construcción se prevé una inversión de U$S462 millones. En la operación el monto es de U$S 81 millones. Para la etapa de cierre se prevén desembolsos por U$S 14 millones y en el post cierre U$S 2 millones. En cuanto al empleo, la etapa de construcción será la de mayor demanda, con 1000 puestos de trabajo directos de parte de la empresa. En la operación serían 380 las personas contratadas de manera directa, con picos de 700. Allí no están contados los empleos indirectos. Según el informe, «la masa salarial mensual por empleo directo alcanzará los US$ 4.612.000 y US$1.943.700 por empleo indirecto», cuando se construya y «US$ 1.383.600.y US$1.841.400 por empleo indirecto», en la operación.