El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, podrá reducir regalías e impuestos a las empresas que operen en los pozos maduros que YPF dejó en la provincia, tras la aprobación por unanimidad de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera.
El proyecto unificado entre el oficialismo y los dos bloques opositores, que contó con el respaldo de los 22 diputados presentes en la sesión extraordinaria de este jueves, busca reactivar la actividad petrolera en la provincia y evitar la pérdida de puestos de trabajo, en un contexto donde el retiro de la empresa estatal ha generado incertidumbre en el sector y más de 2.500 retiros voluntarios.
La medida establece un régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones y fomentar la continuidad de la producción en áreas de hidrocarburos convencionales que han visto una caída en su rentabilidad.
¿Qué implica la Ley de Emergencia Hidrocarburífera en Santa Cruz?
La norma, sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, declara la emergencia hidrocarburífera en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2025 y establece una serie de medidas para reactivar la producción y sostener el empleo en el sector.
Entre los puntos más destacados, se encuentran:
- Reducción de regalías e impuestos para las operadoras que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en Santa Cruz.
- Condiciones para acceder a los beneficios fiscales: Las empresas deberán presentar un plan de trabajo orientado a la optimización de la producción y al sostenimiento del empleo.
- Creación de un régimen laboral diferencial para los trabajadores de pozos de cuencas maduras, garantizando estabilidad laboral y programas de capacitación.
- Responsabilidad ambiental: Se refuerzan los controles sobre pasivos ambientales e inversiones comprometidas, asegurando que las operadoras cumplan con sus obligaciones.
- Seguimiento legislativo: Se crea una comisión en la Honorable Cámara de Diputados, integrada por representantes de todos los bloques, para evaluar la evolución de las explotaciones hidrocarburíferas.
Inversión y trabajo: el objetivo de la ley
El espíritu de la ley es frenar la caída de la actividad petrolera en Santa Cruz, que en los últimos años ha sido afectada por la salida de YPF y la falta de inversiones en áreas maduras.
El gobernador Claudio Vidal manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de proteger las fuentes laborales y de garantizar la continuidad de la producción.
Las claves del régimen de incentivos fiscales
Uno de los aspectos centrales de la ley es la posibilidad de que el Gobierno reduzca regalías y tributos a las operadoras que continúen la explotación de pozos maduros que abandona YPF en el marco del Proyecto Andes.
Sin embargo, no será automático: la reducción dependerá del grado de producción alcanzado, según el plan de trabajo que cada empresa presente y que deberá ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minería de la provincia.
Además, las compañías deberán comprometerse a sostener los puestos de trabajo existentes, lo que será monitoreado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Control y supervisión de la producción
Para garantizar que los beneficios otorgados realmente contribuyan a la reactivación del sector, la Cámara de Diputados formará una comisión de seguimiento, que evaluará los resultados en base a los informes remitidos por el Ministerio de Energía y Minería.