En la recta final. El gobierno de Javier Milei decidió, contrarreloj y el mismo día en que vencía el plazo establecido el año anterior, posponer nuevamente el proceso de reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, cuyos contratos están vencidos y prorrogados hasta agosto.
Estas centrales son El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, concesionadas en los años 90 durante la gestión de Carlos Menem, y que la actual administración libertaria planea privatizar nuevamente por 30 años.
La historia es conocida. En octubre de 2024, mediante el decreto 895, el Ejecutivo había fijado que antes del 9 de abril de 2025 las autoridades energéticas debían convocar a un «concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo» para vender el paquete accionario mayoritario o controlante de estas cuatro usinas.
Sin embargo, debido a demoras operativas y diferencias internas, se llegó a esa fecha sin iniciar el proceso licitatorio, que debía adjudicar las centrales a nuevos concesionarios antes del 11 de agosto de 2025.
A pedido de las provincias
Para subsanar este retraso, el Gobierno emitió el decreto 263/25, aplazando el lanzamiento del proceso de reprivatización por 15 días. Si no hay más prórrogas, el 24 de abril de 2025 debería realizarse la convocatoria oficial para oferentes locales y extranjeros interesados.
Tal como lo anticipó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en Vaca Muerta Insights, el pliego estaba listo, la licitación era inminente y quedaba pendiente la “charla” con las provincias.
De hecho, esta postergación responde a una solicitud de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes el 7 de abril pidieron más tiempo para que sus equipos técnicos analicen el proceso y presenten una respuesta al Estado Nacional.
El decreto, firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró razonable esta petición, otorgando el plazo adicional para garantizar la participación de las provincias y organismos interjurisdiccionales.
La reprivatización
Las hidroeléctricas en cuestión, construidas entre 1972 y 1999 con financiamiento de créditos internacionales, avales del Tesoro y recargos tarifarios pagados por usuarios durante casi 20 años, fueron concesionadas por 30 años en los 90. Actualmente, El Chocón-Arroyito está controlada en un 59% por el grupo italiano ENEL (principal accionista de Edesur); Alicurá, por el estadounidense AES; Cerros Colorados, por la local Aconcagua Energía desde el año pasado; y Piedra del Águila, por Central Puerto, con empresarios como Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany como accionistas. Tras vencer sus concesiones en agosto de 2024, la gestión mileísta extendió provisoriamente los contratos por 12 meses mientras se organizaba la reprivatización.
Para la licitación, se crearon cuatro sociedades anónimas —Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA—, con acciones temporales en manos de Enarsa (98%) y Nucleoeléctrica Argentina (2%), para facilitar la transferencia a los nuevos concesionarios.» SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA—, con acciones temporales en manos de Enarsa (98%) y Nucleoeléctrica Argentina (2%), para facilitar la transferencia a los nuevos concesionarios.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, coordinará el concurso junto a la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, aunque aún no se precisó el porcentaje de acciones a vender ni el esquema tarifario para los futuros operadores.
Además, antes de la licitación, el gobierno debe resolver reclamos económicos de las actuales concesionarias, estimados entre 500 y 800 millones de dólares, por medidas de los últimos 20 años que, según ellas, alteraron las condiciones originales y redujeron sus ingresos.