Este domingo 25 de mayo, la sede de Petrominera Chubut en Comodoro Rivadavia será testigo de un acto histórico: la firma de un pacto tripartito que reúne al Estado provincial, las principales empresas operadoras y los sindicatos. Entre los participantes, estarán el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el diputado provincial, Jorge “Loma” Ávila; el presidente de Petrominera Chubut SE, Héctor Millar; representantes de los gremios UOCRA, Petroleros Privados, y Petroleros Jerárquicos; los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; de Rada Tilly, Mariel Peralta; de Sarmiento, Sebastián Balochi; y directivos de las principales operadoras del sector: CAPSA, YPF, PECOM, PAE y Tecpetrol.
Este acuerdo surge en respuesta a una realidad evidente. Los costos de producción en la cuenca, que superan los 60 dólares por barril, dejaron a Chubut en una posición de vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado internacional. Cuando el precio del crudo ronda los 65 dólares, la provincia apenas obtiene una ganancia de 2,60 dólares por cada barril extraído. Si el valor cae a 60 dólares, directamente entra en números rojos, perdiendo 0,40 dólares por unidad.
Esta situación contrasta radicalmente con el panorama en Vaca Muerta, donde los costos de producción no superan los 7 dólares por barril. La brecha explica por qué las inversiones se han concentrado en la cuenca neuquina. Las consecuencias del declive en Golfo San Jorge son palpables.
Frente al escenario, el Acuerdo de Competitividad busca implementar medidas concretas para aliviar la presión sobre las empresas. El gobierno provincial ya eliminó los aranceles a los polímeros utilizados en la recuperación terciaria, lo que redujo los costos operativos en un 15%. Ahora negocia alivios fiscales y cierta flexibilización laboral, siempre garantizando que los salarios de los trabajadores no se vean afectados. Paralelamente, presiona al Gobierno Nacional para que reduzca las retenciones a las exportaciones de petróleo, actualmente fijadas en el 8%.
La apuesta por el shale en Cerro Dragón
Mientras se intenta salvar a la industria convencional, Chubut también mira al futuro a través del proyecto shale de PAE en Cerro Dragón. La empresa, que opera este yacimiento desde hace décadas, confirmó la presencia de hidrocarburo no convencional en la formación D-129. Para explotarlo, invertirá inicialmente 250 millones de dólares en un plan piloto que incluye la perforación de cinco pozos con las técnicas más avanzadas: perforación horizontal de hasta 3.000 metros y fractura multietapa.
La reconversión de la concesión de Cerro Dragón —convencional a no convencional— fue posible gracias a un marco legal que incluye la Ley de Hidrocarburos y un decreto reciente. Este cambio otorga a PAE un plazo de 35 años, prorrogable por 10 más, para desarrollar el proyecto. Según las estimaciones del gobierno provincial, solo en los primeros cinco años la actividad generará ingresos por 90 millones de dólares, sin contar las regalías.
Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, destacó el carácter pionero de esta iniciativa: «Somos los primeros en explorar la cuenca con objetivo shale y estamos confiados en poder desarrollarlo«. La apuesta de la empresa no es menor: Cerro Dragón, aunque ya no es el principal productor del país, sigue siendo un activo estratégico. El éxito de este proyecto podría redefinir el perfil energético de toda la cuenca.
El gobernador Ignacio Torres calificó ambos movimientos —el acuerdo para salvar lo convencional y la apuesta por el shale gas— como «históricos». Sin embargo, reconoce los enormes desafíos que persisten. La diferencia en costos con Vaca Muerta, la necesidad de un marco regulatorio estable y las preocupaciones ambientales son solo algunos de los obstáculos que Chubut tiene que sortear en los próximos años.
En este contexto, la provincia se encuentra en una encrucijada compleja. Por un lado, debe gestionar el declive inevitable de su industria tradicional, protegiendo empleos y manteniendo la actividad económica. Por otro, necesita capitalizar el potencial de sus recursos no convencionales. El camino elegido —ese doble enfoque que combina rescate y renovación— será determinante para el futuro de una región que vivió por y para el petróleo durante casi un siglo.
Diversificación de la matríz productiva
Sumado al petróleo y gas, el gobierno provincial también pone sus esfuerzos sobre la soberanía energética. Recientemente, la provincia avanzó con la creación de su propia empresa de energía, y a inicios del mes de marzo de este 2025 inició un reclamo formal ante el Gobierno Nacional para recuperar la administración de sus yacimientos de uranio, actualmente bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde 1960.
La letra de la ley recientemente aprobada respecto a la empresa de energía indica (señala la Legislatura de Chubut) que los objetivos son, entre otros, “fortalecer, consolidar e integrar la gestión institucional del potencial energético con el que cuenta el territorio provincial; organizar y regular los instrumentos para el gobierno, administración, manejo unificado y general de la participación del Estado Provincial en el sector, con el objetivo de desarrollar eficientemente el potencial energético de la provincia; e integrar energéticamente y de manera uniforme todo el territorio provincial, incrementado la participación en la renta obtenida por la explotación de los recursos naturales con fines electro energéticos en el territorio por parte del estado provincial”.
Además, también expresa que se busca “garantizar, como resultado de estas actividades, un desarrollo sustentable en los aspectos productivos, económicos, sociales y ambientales de la provincia”.
Respecto al pedido realizado por el ministerio de Hidrocarburos a la CNEA, esto tiene el objetivo de «lograr el desarrollo de recursos uraníferos world class hoy en día desaprovechados«. La actual gestión provincial creó un área específica de Concesiones Mineras dentro de su cartera de Hidrocarburos para gestionar estos recursos, priorizando controles adecuados.
El gobernador Torres señaló en su momento: «Tenemos la primera reserva de uranio, la actividad es legal si se respeta la ley. Estamos hablando de trabajo y de métodos de extracción que no contaminan y este debate hay que darlo de cara a la gente» (La Nación+). Esta declaración refleja el enfoque actual de la provincia, que busca implementar un modelo responsable, acorde con la Ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en su territorio.