El Gobierno ha cerrado la puerta a la propuesta presentada por Endesa e Iberdrola para prorrogar la vida útil de varias centrales nucleares, entre ellas Almaraz, cuya clausura está prevista para 2027. Según han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a El Periódico de la Energía, la iniciativa de ambas eléctricas no cumple los requisitos necesarios para ser tramitada como una petición formal.
La propuesta, revelada este viernes por Cinco Días — y que ya adelantó este medio el pasado mes de febrero— fue presentada en forma de carta dirigida al ministerio. Sin embargo, según ha aclarado el MITECO, se trata de una mera declaración de intenciones, supeditada a una modificación del actual marco regulatorio del sector nuclear.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para rechazar esta misiva es que no cuenta con el respaldo unánime de todas las empresas implicadas. Naturgy y EDP, que también son propietarias de centrales nucleares y firmaron el Protocolo de Cierre de 2019, no han suscrito el documento. En ese protocolo, pactado con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), se acordó un calendario de cierre escalonado de las centrales nucleares en España.
Extensión de Almaraz
Asimismo, entre otros aspectos, las compañías plantean una reducción en la fiscalidad de las instalaciones y otros ajustes económicos, lo que, a juicio del ministerio, resultaría perjudicial para los consumidores y ciudadanos. En concreto, las eléctricas piden reducir la denominada tasa Enresa —destinada a costear la gestión de residuos y el desmantelamiento de las instalaciones— en un 18%, al repartirse el coste durante más años de actividad si se prolonga la vida útil hasta 2030.
En el caso de Almaraz, primera central programada para cerrar en 2027, Iberdrola y Endesa han contemplado ante el ministerio extender su actividad hasta 2030. Sin embargo, aunque ya han sufrido el primer portazo por parte del ejecutivo, las eléctricas tienen margen de movimiento, ya que la fecha límite para renovar el permiso de explotación vence en marzo de 2026.
No obstante, el Ejecutivo deja claro que cualquier planteamiento futuro deberá contar con el aval unánime de los operadores y respetar el marco vigente, en defensa del interés general.
Y más allá de las cuestiones técnicas o económicas, el Gobierno insiste en que las propuestas no deberán pasar las tres líneas rojas que impone para siquiera estudiar una petición formal: que se garantice la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos.