La UE impulsa alianza para financiar renovables en América Latina

Durante el panel de apertura “Oportunidades de Financiación para América Latina y el Caribe” de la VII Reunión Ministerial de Energía de la CELAC 2025, Félix Fernández-Shaw, explicó el interés de la Unión Europea en desarrollar las energías renovables en la región, destacando la necesidad de avanzar en integración eléctrica y transferencia tecnológica.

“La UE quiere aportar una asociación para la inversión, para la transición energética latinoamericana y del Caribe”, declaró el Director de la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea.

Asimismo, detalló que esta estrategia contempla tanto financiación reembolsable como no reembolsable, además de asistencia técnica en regulación, integración y generación eléctrica.

La iniciativa incluirá también una propuesta de interconexiones que se presentará en la cumbre CELAC-UE en Santa Marta el 10 de noviembre, con apoyo de OLADE y el Gobierno colombiano.

Según el directivo, Colombia es un caso ejemplar en la región: “El 88% de la generación renovable conectada al sistema en este país está producida por empresas de la Unión Europea”.

Además, anticipó que tienen previsto invertir 20000 millones de dólares adicionales en renovables en el país. La apuesta contempla también la transferencia de experiencia en integración eléctrica y descarbonización.

Desde la OLADE, el Secretario Ejecutivo Andrés Rebollo aportó cifras contundentes: En un escenario de carboneutralidad al 2050, América Latina y el Caribe requeriría un financiamiento en energía renovable de 400 mil millones de dólares. Pero si se suman transmisión, almacenamiento y seguridad del sistema, el monto asciende a 930 mil millones de dólares.

Sin embargo, la gerente del programa ESMAP, Gabriela Elizondo Azuela, alertó que América Latina enfrenta uno de los costos de capital más altos del mundo, con un estimado tres veces superior al de los países de la OCDE, como en el caso de México y Brasil.

“Es necesario estructurar plataformas de mejoramiento crediticio y de reducción de riesgos que atraigan capital privado para proyectos de infraestructura renovable”, sostuvo Elizondo.

Mientras que desde el Grupo Banco Mundial están trabajando en soluciones financieras combinadas, incluyendo la Agencia Multilateral de Garantías de Inversión, con experiencias ya en México, Brasil y el Caribe.

El BID, por su parte, hace lo propio en Colombia con el desarrollo de una plataforma país que articule distintas fuentes de financiamiento para energía y electromovilidad.

“Estamos financiando generación solar junto a la banca de desarrollo FDN y mecanismos como BID Clima que movilizan capital privado”, indicó Thomas Serebrisky, especialista en infraestructura del organismo, quien también subrayó que apoyan con préstamos de inversión para focalización de subsidios y la promoción de garantías contra riesgos regulatorios y tarifarios.

Desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el director regional Ángel Eduardo Cárdenas enfatizó que la clave está en la preparación de proyectos renovables bancables. Incluso, CAF trabaja con empresas públicas y gobiernos subnacionales para estructurar iniciativas en energía y están promoviendo instrumentos financieros innovadores, como canjes de deuda por clima y préstamos con bonificaciones por cumplimiento de indicadores ASG. Además, se destacó la importancia del financiamiento de políticas públicas para acompañar los procesos de transición regulatoria necesarios para atraer inversión privada.

La interconexión Colombia-Panamá y otras iniciativas regionales fueron destacadas como claves para consolidar mercados renovables regionales. Sin embargo, los expertos coinciden en que se requiere voluntad política, convergencia regulatoria y coherencia entre países para concretarlas.

Como conclusión general del panel, se destacó que América Latina y el Caribe enfrentan retos estructurales profundos para viabilizar inversiones en renovables, entre ellas la fragmentación normativa entre países, la falta de estabilidad regulatoria y la escasez de marcos legales robustos dificultan la movilización de capital privado.

A esto se suma la limitada capacidad de preparación de proyectos, especialmente a nivel subnacional, donde muchas iniciativas carecen de estudios técnicos, financieros y ambientales que las hagan bancables. Por lo que ell desafío no solo radica en el financiamiento disponible, sino en construir las condiciones para que este se traduzca en infraestructura concreta y sostenible.

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