Chile: un nuevo mapa energético poselectoral y su impacto en Vaca Muerta

Las elecciones presidenciales ya se realizaron y el nuevo escenario político en Chile empieza a mostrar efectos concretos sobre el sector energético y productivo. José Antonio Kast se impuso en la segunda vuelta con cerca del 56 % de los votos, frente al 44 % de Jara, consolidando un mandato político claro para avanzar en una agenda de ordenamiento regulatorio, atracción de inversiones y reposicionamiento productivo.

El nuevo gobierno asume en un contexto exigente. El cierre de Huachipato —la histórica siderúrgica ubicada en Talcahuano, en la Región del Biobío, fundada en 1950 y durante décadas eje del entramado industrial chileno— simboliza el agotamiento de un modelo productivo que perdió competitividad frente a costos crecientes y regulaciones extensas.

Su paralización no es solo un hecho industrial: obliga a repensar con urgencia la matriz productiva regional y nacional. En paralelo, Argentina atraviesa el ciclo de expansión hidrocarburífera más relevante de su historia reciente. Vaca Muerta dejó de ser una promesa para convertirse en una plataforma en plena ejecución, con una producción de petróleo y gas que crece más rápido que la capacidad actual de evacuación y procesamiento. 

Este descalce obliga a pensar la integración regional no como una opción, sino como una necesidad estratégica. En este escenario post electoral, la permisología se vuelve el eje ordenador de las decisiones de inversión. El gobierno entrante decide implementar una Reforma de Permisos Sectoriales aprobada por amplia mayoría en el Congreso (93 votos), que reduce entre un 30 % y un 70 % los plazos de tramitación para proyectos energéticos, mineros e industriales.

La ventanilla única, la tramitación en paralelo de permisos y la clarificación de criterios técnicos no son ajustes menores: representan un cambio estructural en la relación entre el Estado y la inversión productiva. Este nuevo marco no implica una baja de estándares ambientales, sino una reorganización de procesos que durante años generaron superposiciones y demoras que, en algunos casos, extendieron proyectos estratégicos por más de ocho años.

En un contexto donde el capital compara plazos y certezas, la reforma devuelve previsibilidad y reposiciona a Chile como destino competitivo. A este proceso se suma la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aún en trámite legislativo pero clave para destrabar inversiones de gran escala en energía, puertos e infraestructura. Su articulación con la reforma de permisos sectoriales definirá la capacidad de Chile para capturar la próxima ola de inversiones regionales.

El nuevo escenario político también consolida una alineación inédita con Argentina. La sintonía entre el gobierno de Kast y la administración de Javier Milei se expresa en una visión común sobre apertura económica, atracción de capital y reducción de trabas regulatorias. 

El rol del economista chileno José Luis Daza, hoy viceministro en el Ministerio de Economía argentino y cercano a Kast, refuerza esta convergencia técnica y política, facilitando una coordinación binacional que estuvo ausente durante años. La integración energética ya está en marcha.

El Oleoducto Transandino (OTASA) y el Gasoducto del Pacífico se encuentran operativos y con capacidad de ampliación. La refinería de ENAP en la Región del Biobío puede procesar crudo liviano de Vaca Muerta con altos niveles de eficiencia. 

En este marco, recientemente se difundió un contrato entre ENAP y un consorcio de operadoras argentinas por aproximadamente U$S 12.000 millones, asegurando suministro de crudo hasta mediados de 2033. Son decisiones tomadas, contratos firmados y flujos que comienzan a materializarse.

El impacto del cierre de Huachipato acelera esta redefinición, especialmente en la Región del Biobío. A ello se suma el interés creciente por instalar centros de datos (data centers), atraídos por la disponibilidad de suelo industrial, conectividad portuaria y acceso potencial a energía firme.

En ese contexto, un proyecto FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) aparece como una alternativa concreta. Con una capacidad estimada de entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales, permitiría monetizar gas argentino excedente, abastecer demanda regional y funcionar como infraestructura flexible para escalar exportaciones. El factor decisivo vuelve a ser el marco regulatorio y la velocidad de implementación. 

Para Argentina, este esquema consolida a Chile como un corredor energético hacia el Pacífico

Para Argentina, este esquema consolida a Chile como un corredor energético hacia el Pacífico, no solo para petróleo y gas, sino también para derivados y, en una etapa posterior, para minerales críticos. La salida exclusivamente atlántica resulta insuficiente para sostener el crecimiento productivo. 

Para Chile, el acceso a energía competitiva permite recomponer su base industrial, reducir costos sistémicos y posicionarse como plataforma logística y energética regional. Junto con el vector energético, existe un segundo plano de integración: la minería. Un estudio reciente de Fundar y el Consejo Minero de Chile (Cesco) identifica la oportunidad de estructurar un corredor minero transcordillerano.

Argentina concentra más de una decena de proyectos de cobre, litio, oro y plata ubicados a menos de 150 kilómetros de la frontera chilena. En varios casos, la salida por puertos del Pacífico permitiría reducir más de diez días de tránsito hacia Asia y aliviar tensiones sobre una infraestructura atlántica exigida. 

Si bien el hidrocarburo es hoy el principal vector de integración, este corredor minero agrega sinergias productivas en un contexto de creciente demanda global por minerales críticos. Nuevamente, la coordinación de permisos e infraestructura será la condición necesaria para que estas oportunidades se materialicen. Con las elecciones ya definidas, el debate deja de ser contrafáctico.

El nuevo mapa político chileno habilita decisiones largamente postergadas y acelera procesos que el mercado ya comenzó a descontar. La ventana está abierta, los recursos existen y la infraestructura está en marcha. A partir de ahora, la diferencia entre una oportunidad histórica y una ocasión perdida dependerá menos de diagnósticos y más de ejecución.

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