La administración de Donald Trump habilitó un procedimiento más rápido para autorizar proyectos de recolección de nódulos polimetálicos fuera de la jurisdicción nacional. La medida busca reducir plazos y trámites, pero se adelanta a la definición de estándares globales y genera tensiones con el marco multilateral.
El gobierno de Estados Unidos dio un paso decisivo en el tablero de los minerales críticos. Este 21 de enero de 2026, la administración de Donald Trump formalizó una nueva regla que acelera la autorización de proyectos de minería en aguas profundas en zonas fuera de la jurisdicción nacional. El cambio apunta a simplificar procesos para las empresas interesadas en recolectar nódulos polimetálicos en el fondo marino y ya genera debates legales, diplomáticos y ambientales.
La norma se apoya en la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos de 1980, que otorga a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) la facultad de emitir licencias de exploración y permisos de recuperación comercial en áreas más allá de la jurisdicción nacional. El texto aclara que esos “recursos minerales duros” se refieren específicamente a nódulos polimetálicos, que contienen minerales como manganeso, níquel, cobalto y cobre, delimitando así el alcance del permiso federal.
El principal cambio regulatorio consiste en la consolidación de trámites. A partir de ahora, las compañías podrán presentar de manera simultánea la solicitud de licencia de exploración y la del permiso de recuperación comercial. Hasta el momento, el esquema obligaba a avanzar por etapas sucesivas, con plazos extensos y requisitos encadenados. NOAA argumentó que los avances tecnológicos desde los años ochenta —como vehículos autónomos submarinos, sensores y herramientas digitales— permiten mapear y evaluar el lecho marino con mayor eficiencia, lo que justifica un proceso menos escalonado.
La regla entró en vigor de forma inmediata. Según la agencia, la modificación “alivia una restricción” para la industria al eliminar la obligación de tramitar permisos de manera secuencial, lo que habilita la aplicación de una excepción administrativa que evita el período habitual de espera de 30 días.
Detrás del ajuste técnico hay una definición política más amplia. Una orden ejecutiva firmada en abril de 2025 estableció como prioridad acelerar el desarrollo “responsable” de los recursos minerales del fondo marino, mediante permisos más ágiles, sin comprometer —según el texto oficial— los estándares ambientales y de transparencia. La iniciativa también se inscribe en el objetivo de reforzar las cadenas de suministro internas y posicionar a Estados Unidos frente a la influencia de China en minerales estratégicos utilizados en baterías, electrónica y defensa.
El punto de mayor fricción aparece en el plano internacional. La regulación de la minería en “el Área” —las zonas del fondo marino fuera de jurisdicción nacional— recae en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Estados Unidos no ha ratificado esa convención, lo que abre una grieta jurídica y diplomática. Desde la Autoridad sostienen que los recursos del Área son patrimonio común de la humanidad y advierten que ningún Estado debería explotarlos de forma unilateral fuera del régimen multilateral.
En este contexto, Reuters informó que la nueva regla consolida licencias y permisos en una sola revisión más breve, mientras que medios especializados señalaron que la medida anticipa un posible choque con países e instituciones que aún negocian estándares globales para esta actividad. El debate no se limita a la viabilidad técnica de la extracción, sino que incluye definiciones sobre monitoreo ambiental, niveles aceptables de ruido y sedimentos, y el impacto sobre ecosistemas profundos.
En el plano empresarial, uno de los casos más visibles es el de The Metals Company, cuyo director general destacó la “modernización” del marco regulatorio estadounidense. El interés en los nódulos polimetálicos se explica por su concentración de metales asociados a la transición energética, como níquel, cobre y cobalto, además de manganeso. Sin embargo, el paso de la exploración a la recuperación comercial es el que concentra mayor escrutinio ambiental y social.
La discusión también tiene implicancias regionales. Áreas como la Zona Clarion-Clipperton, en el océano Pacífico, suelen ser mencionadas como potenciales focos de extracción y se ubican en una región de interés para países del continente americano. En paralelo, organizaciones ambientalistas reiteraron su llamado a prohibir la minería submarina por el riesgo de daños irreversibles a la biodiversidad, mientras que los defensores de la actividad plantean la necesidad de comparar impactos entre la extracción en tierra y en el fondo marino.
Con esta decisión, Estados Unidos reconfigura el debate global sobre la minería en aguas profundas en 2026. La aceleración de permisos abre oportunidades para el sector privado, pero también plantea interrogantes sobre la coordinación internacional y los estándares ambientales que regirán una actividad aún en discusión a nivel global.
