Seis gigantes mineros buscan modificar la normativa vigente para destrabar proyectos de cobre, oro y plata que hoy se superponen con reservorios de agua protegidos. El Senado debate un proyecto que delega en las provincias la facultad de habilitar zonas de explotación.
La cordillera de los Andes se ha convertido en el escenario de una disputa central para el futuro económico y ambiental de Argentina. Mientras el gobierno de Javier Milei busca acelerar las inversiones a través del RIGI, seis de las corporaciones mineras más grandes del mundo presionan para reformar la Ley de Glaciares, argumentando que la normativa actual frena el desarrollo de yacimientos estratégicos de cobre, considerados la «Vaca Muerta» del sector.
Las empresas involucradas en este reclamo de «seguridad jurídica» incluyen a las canadienses Barrick Gold y Lundin Mining, la anglo australiana BHP, la suiza Glencore, la multinacional Río Tinto y la estatal china Shandong Gold.
Los proyectos en el ojo de la tormenta
Según denuncias de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, los proyectos de estas corporaciones se asientan directamente sobre glaciares o ambientes periglaciares registrados en el Inventario Nacional de Glaciares (ING):
- Vicuña Corp (BHP y Lundin): Su proyecto Josemaría en San Juan afectaría al glaciar de escombros GE 110. Aunque la empresa afirma que el cuerpo de hielo está «inactivo» y no será tocado, científicos del Conicet advierten que su protección es obligatoria por estar inventariado.
- Veladero (Barrick Gold): La infraestructura de la mina se superpone con los glaciares Amarillo, Guanaco y Canito, vitales para la cuenca del río Jáchal.
- El Pachón (Glencore): El CEO de la compañía admitió la presencia de un glaciar en el área, aunque cuestionó su relevancia hídrica basándose en estudios técnicos locales.
- MARA (Glencore): En Catamarca, el yacimiento se encuentra sobre los Nevados de Aconquija, lo que ha generado una parálisis judicial ante la ilegalidad de la explotación en zona periglacial bajo la ley actual.
- Los Azules (McEwen Copper): Pese a ser el primer proyecto de cobre aceptado en el RIGI en septiembre de 2025, enfrenta el obstáculo de una densa presencia de glaciares de roca en su zona de influencia.
La reforma propuesta: ¿Flexibilidad o regresión?
El secretario de Minería, Luis Lucero, impulsa un proyecto con dictamen favorable en el Senado que redefine qué debe protegerse. Los puntos centrales de la reforma son:
- Funcionalidad hídrica: Solo se protegerían las formaciones que demuestren una función hídrica relevante y probada como reserva estratégica de agua.
- Tamaño mínimo: Se establece una superficie mínima de una hectárea para la protección.
- Facultad provincial: Los gobernadores determinarían qué áreas proteger y cuáles habilitar para la actividad extractiva.
Para Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras (CAEM), la reforma es indispensable: «El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva». En la misma línea, la AmCham (Cámara de Comercio de EE.UU.) ha incluido esta modificación en su hoja de ruta para mejorar el clima de negocios.
El rechazo académico y constitucional
La respuesta de los sectores ambientales y académicos ha sido contundente. Más de 85 constitucionalistas han advertido que el proyecto es inconstitucional. Argumentan que viola el principio de no regresividad ambiental, ya que reduce niveles de protección ya adquiridos y vulnera el sistema de Presupuestos Mínimos garantizado por la Constitución Nacional.
«En vez de adaptar sus proyectos a la normativa vigente, quieren modificar el texto a medida de sus proyectos», sentenció el abogado ambientalista Enrique Viale.
El debate en el Congreso definirá si Argentina prioriza la protección de sus reservas estratégicas de agua dulce o si flexibiliza sus estándares ambientales para capturar inversiones de miles de millones de dólares en la industria del cobre.
