El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo el martes una reunión de trabajo con representantes de pymes elaboradoras de biodiésel con el objetivo de analizar el impacto del proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich, ante quienes garantizó su rechazo formal a la iniciativa normativa.
«Esta propuesta atenta contra la participación de las pymes y favorece la concentración de la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario«, expresó Kicillof en la red social X tras el encuentro que tuvo lugar en las oficinas del Banco Provincia. Asimismo, el mandatario agregó sobre la posición del Ejecutivo provincial: «Nuestro compromiso es y seguirá siendo defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales».
La comitiva empresarial estuvo encabezada por el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Federico Martelli, y los directivos Juan Carlos Bojanich, Carlos A. Paredes, Pablo Ezequiel Abad y Gustavo Enrique Michelini. Del encuentro participaron también los representantes sectoriales Juan Ignacio Bojanich, Javier Barbagelatta, Miguel Gustavo Ariceta, Danilo Mengarelli, Juan Gualberto, Ernesto Tricarico y el asesor legal de la cámara, César Daniel Cárdenas, junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
El proyecto del oficialismo presentado por la senadora Patricia Bullrich, se encuentra actualmente para su tratamiento en las comisiones del Senado de la Nación y busca derogar la Ley 27.640 de Biocombustibles. La propuesta legislativa del oficialismo busca modificar el régimen vigente para fijar nuevos cupos de corte, pero establece un esquema decreciente para el sector de las pymes de biocombustibles.
Kicillof comprometio una oposición activa al proyecto
Tras escuchar el diagnóstico del sector, Kicillof ratificó que articulará acciones con otros gobernadores y con los bloques legislativos para oponerse al proyecto por el impacto que generará en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Para la administración bonaerense y las empresas del sector, la preservación del esquema pyme excede una postura partidaria y constituye una bandera estratégica en defensa del trabajo, el desarrollo industrial y el federalismo.
Previo al encuentro encabezado por el gobernador, el ministro Rodríguez ya había fijado la postura de la gestión provincial al sostener que “frente al tratamiento que el Senado está haciendo del proyecto de Bullrich, queremos hacer llegar nuestra preocupación y nuestra posición en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires”. Sobre el alcance del régimen en debate, Rodríguez remarcó: “Si es promover un sector, que sea con las empresas grandes, con las medianas y con las chicas; y eso tiene que quedar plasmado en la ley”.
Voceros del Gobierno bonaerense explicaron a EconoJournal que es necesario que una reforma del marco regulatorio evite profundizar la concentración del mercado en favor de los grandes grupos exportadores. En ese sentido, la administración provincial sostiene que la continuidad de las industrias radicadas en los distritos del interior y la preservación de la capacidad instalada constituyen ejes no negociables dentro del esquema de desarrollo productivo territorial.
Asimismo, las autoridades provinciales consideran que las marcadas asimetrías de costos en la elaboración del insumo no se explican únicamente por las escalas de escala industrial, sino por la localización geográfica y la distancia respecto de los principales nodos portuarios. Por esta razón, entienden que de no incluirse un trato diferenciado por regiones ni considerar la especificidad técnica del biodiésel frente a otros biocombustibles como el bioetanol, la ley otorgará ventajas exclusivas a determinados enclaves en detrimento de la producción bonaerense.
Las Pymes del biodiésel alertan sobre los riesgos de la reforma
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas nucleadas en la entidad empresarial alertaron que «la iniciativa condena a la quiebra al segmento pyme y pone en peligro 9.500 puestos de trabajo en el territorio nacional». En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, el sector advirtió que el riesgo abarca a diez plantas industriales ubicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo que generan más de 345.000 toneladas anuales por un valor superior a US$ 400 millones, comprometiendo 3.500 empleos directos y la operatividad de 96 plantas extrusoras de soja.
El rechazo empresarial se fundamenta en que «el proyecto fija un cronograma que reduce la participación pyme en el mercado del 7,5% actual al 3% para el año 2031, fecha en la que se estipula la eliminación definitiva del segmento reservado«. Según la cámara, este esquema «obligará a las pymes a competir sin paridad de condiciones frente a los complejos aceiteros del puerto de Rosario», debido a que las pymes deben comprarle el aceite de soja a sus propios competidores -lo que representa el 80% del costo del biodiésel– y afrontar además elevados costos de flete por su ubicación geográfica.
Desde el sector industrial señalaron que la aprobación de la normativa derivará en la concentración de toda la producción nacional en seis grandes empresas aceiteras, la mayoría de capitales multinacionales. Al respecto, recordaron que durante la presentación del proyecto en el Congreso, el propio secretario de Energía de la Nación, Daniel González, reconoció explícitamente la disparidad del impacto al manifestar que «hay ganadores y perdedores».
Frente a este escenario, las pymes industriales plantearon la necesidad de que la nueva legislación mantenga un segmento reservado de mercado para los productores regionales. La propuesta elevada por la cámara contempla incrementar el corte obligatorio total al 12,5%, con una reserva específica del 5% destinada exclusivamente a la elaboración de las pequeñas y medianas empresas del interior.