La iniciativa contempla inversiones públicas, privadas y mixtas, con el objetivo de llevar nueva capacidad de generación a zonas rurales y localidades donde los cortes frecuentes y la baja calidad del suministro se convirtieron en un problema recurrente.
Uno de los instrumentos centrales es la creación de un mapa provincial que identifique las áreas con mayor urgencia de nuevas obras energéticas. Se considerarían variables como la frecuencia de interrupciones, la calidad del suministro y la capacidad instalada en cada tramo de la red.
En paralelo, se propone un Banco Provincial de Tierras Energéticas para identificar inmuebles fiscales y privados aptos para instalaciones solares. En el caso de emprendimientos privados, el uso del suelo podría otorgarse gratuitamente por 20 años, reduciendo costos iniciales y facilitando la llegada de proyectos.
El régimen también incorpora beneficios fiscales durante 15 años, incluyendo exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, junto con estabilidad fiscal provincial y acceso a créditos preferenciales del Banco Provincia.
Las empresas que ingresen al régimen deberán cumplir requisitos de impacto local: al menos 70% de los empleados contratados con domicilio bonaerense y un mínimo de 50% de compras realizadas a proveedores radicados en la provincia.
Con este esquema, la propuesta busca un doble impacto: mejorar el abastecimiento eléctrico en zonas críticas y generar actividad económica y empleo en las comunidades donde se desarrollen los proyectos. El proyecto deberá ahora avanzar en la Legislatura bonaerense para su debate y eventual aprobación.