Alerta minera por la violencia en Jujuy. La declaración empresarial

Hubo martes negro. Bienvenida Jujuy a América Latina, por si alguien olvidó a que mapa
pertenemos. Volvió el tole tole revolucionario, como no se veía desde que co-gobernaba
el PJ de Eduardo Fellner con la Tupac Amaru de Milagro Sala. “Con piedras y molotov
aportados por muchos porteños” dicen los referentes de la vida provincial.
Ha sido un balde de agua fría. Nadie se lo esperaba en la política jujeña, ni el peronismo
que debatió y votó la reformada Constitución Provincial piedra del escándalo.
El gobernador Gerardo Morales ofreció prendas de paz y logró imponer la Carta Magna.
+ Había retirado la reforma al artículo 50 sobre territorios, tierras fiscales y comunidades
(quedó texto “la provincia deberá proteger los derechos de los aborígenes por medio de
una legislación adecuada que garantice sus derechos…”).
+ Y dejó en el artículo 36 el texto elíptico que “reconoce el derecho a la propiedad
privada”. Quedó descartada la atribución del gobierno de dictar leyes contra la
usurpación de tierras y hubo marcha atrás con la puerta abierta para legislar sobre
desalojos a okupas.
+ Pero quedó en pie el nuevo artículo 67 que pone límites a la protesta y penaliza la
violencia.
Coches quemados y barricadas ¿Volver al pasado?
La guerra de voces es patética. El kirchnerismo y la izquierda estratégicamente aliada
vieron la ocasión del estallido en este largo week end. Tras 50 detenidos y 57 policías
heridos, zozobra es la palabra que mejor define el ánimo de buena parte de los jujeños,
después de que el vandalismo se extendió este martes a buena parte de la capital jujeña.
Las escaramuzas con la policía y los bloqueos han copado las pantallas de TV del país.
(para alivio del gobierno del Chaco y sus simpatizantes urbi et orbi).
Tras los ataques violentos en los que la provincia se defendió en solitario ante la
pasividad de las fuerzas federales del orden, Jujuy, explicaron fuentes seguras a
CLUBminero esta tarde, ha vuelto a modo pandemia. Morales prefiere cerrar fronteras por
aire y tierra para evitar más concursos de activistas desde otras partes del país.
El gobierno aportó a la Justicia información sobre el origen y la logística de los militantes
en los ataques a la Legislatura y a bienes públicos y privados. También, en los cortes en el
cruce de la Ruta 9 que va a la Quebrada de Humahuaca y la Ruta 52 que conduce a las
mineras y al paso internacional de Jama a Chile.
A pesar de la liberación del corte ayer, por la policía provincial – después de horas de
inacción de la Gendarmería Nacional que depende de Alberto Fernández – a las puertas
de la turística Purmamarca, las mineras Chinchillas, Allkem y la flamante y sonada
operadora Exar han constituido comités de crisis para garantizar la seguridad de los
trabajadores y reorganizar los cambios de turno. Este martes, Exar debía rotar a 260
trabajadores y evaluaba la opción, al igual que otras compañías del largo rodeo por la
Puna salteña. Allkem decidió alargar el roster (14 por 14 en el proyecto de expansión y 7
por 7 en la operación).
El conflicto tiene una entidad nacional. Sobre el filo de la noche el opositor Juntos por el
Cambio salió a denunciar al gobierno nacional y al kirchnerismo que durante el día había
expresado su simpatía a la revuelta. Y lo ha acusado de inacción y de una estrategia de
distracción para tapar la crisis en la vecina Chaco.
A la luz de los recuerdos «milagrosos», preocupa el futuro de Jujuy, la provincia record del
litio y que promete ser Net Zero en 2030. A pesar de que Morales aseguró que dominará
el caos callejero al rebatir a Cristina y Alberto, quienes salieron de su mutismo
chaqueño.