Mercados liberados
El objetivo del Estado ya no será “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”, sino “maximizar la renta obtenida de la explotación”. Toda una definición de la cosmovisión del gobierno libertario.
El Poder Ejecutivo Nacional ya no podrá intervenir o fijar los precios internos en cualquiera de las etapas de producción.
Si bien la reforma no fue consensuada con los principales actores de la industria petrolera, cosechó un amplio respaldo de las compañías privadas. Las provincias productoras, por su parte, comparten su espíritu, pero están molestas porque ningún funcionario nacional las consultó sobre un tema tan sensible que impacta directo en el manejo de los recursos que les pertenecen y avasallan sus potestades. Tampoco se dignaron a contestar la carta enviada días atrás por la Ofephi con una serie de propuestas.
Nación apenas reaccionó con la incorporación de la posibilidad de que las exportaciones de petróleo y gas -que quedarán liberadas- puedan ser objetadas por la Secretaría de Energía por razones técnicas o económicas que pongan en riesgo el suministro interno.
Además, quitó a YPF del listado de empresas estatales a privatizar. Una concesión “para la tribuna”, ya que la venta del paquete accionario bajo control estatal de la petrolera requiere de una ley especial aprobada por mayoría agravada en el Congreso.
Las propuestas de Neuquén
En el revoltoso mar de las frenéticas negociaciones en Diputados, Neuquén avanzó con una serie de disidencias que se incorporarían al dictamen probado por mayoría, y que serían debatidas en particular en el recinto. Sin embargo, no fueron añadidas en el texto final que circuló el gobierno. En medio del malestar de la oposición dialoguista por esa maniobra, se sumó la amenaza del presidente Milei de «fundir» a las provincias si no le aprueban la ley.
“Las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley. Hay una cuestión muy básica que tiene que ver con que el dictamen de mayoría contemplaba 34 firmas en disidencia. Esas disidencias quedaron planteadas en distintos documentos, y no fueron incluidas en el dictamen”, explicó el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, en diálogo con +e.
El legislador emepenista presentó modificaciones a la Ley de Hidrocarburos en sintonía con el gobernador Rolando Figueroa, que fueron elaboradas con el asesoramiento del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, y Alejandro Monteiro, secretario ejecutivo de la Ofephi. Junto a su par rionegrino Agustín Domingo (JSRN), el legislador neuquino negoció el compromiso de sostener la zona fría para la boleta del gas.
Monteiro, Llancafilo y Medele trabajaron en las reformas a la Ley de Hidrocarburos.
También se mantuvieron reuniones con diputados nacionales por Neuquén Nadia Márquez (LLA) Pablo Cervi (UCR) , Tanya Bertoldi (UXP) y Pablo Todero (UXP), y del bloque Hacemos Coalición Federal
Los 15 puntos modificados de la Ley de Hidrocarburos
+E accedió al documento que plantea modificaciones en 15 artículos de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, entre las que se destacan:
- En la reforma del Artículo 6º, que libera las exportaciones de hidrocarburos, se introdujo la obligación de que la producción que sea objetada por la Secretaría de Energía para la exportación deberá ser pagada a un precio que refleje la paridad de exportación.
“Si hay libertad de exportar, y alguien cruza una exportación por riesgo de suministro, se le tiene que reconocer el precio de paridad de exportación, para que no se repita que un funcionario nacional tire el precio abajo y lo desacople del mercado internacional. Si a un inversor internacional no le das seguridad de que el precio va a estar alineado al internacional, no van a traer plata para desarrollar una Vaca Muerta de escala de producción de un millón de barriles”, explicaron fuentes que participaron de la redacción de la propuesta de las provincias.
- Otras de las propuestas clave es la sustitución del artículo 27° de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, por un nuevo texto que establece que la Autoridad de Aplicación podrá otorgar más de una concesión en una misma área. “Hoy cuando das una concesión de explotación, el concesionario tiene derecho exclusivo desde la superficie hasta el centro de la tierra, entonces queremos permitir como sucede en Estados Unidos y Canadá. Que en una misma superficie haya más de un concesionario que este enfocados en objetivos (formaciones) distintos”, explicaron.
Con la legislación actual, el concesionario mantiene pisados proyectos que no les son rentables. La mayoría de las compañías se ha concentrado en la explotación de Vaca Muerta, en detrimento del convencional, que se evidencia en el fuerte declino del convencional de Neuquén, que es superior a otras cuencas.
La segmentación de concesiones por formación no sólo beneficiaría a Neuquén, sino también a provincias que recién incursionan en proyectos exploratorios no convencionales como Río Negro y Palermo Aike (Santa Cruz).
Desde la Ofephi consideran que el gobierno nacional debería tener interés en apoyar esa iniciativa, en consecuencia con su interés de abrir el mercado a nuevos inversores.
- Otra de las modificaciones propuestas establece que las provincias tendrán la potestad de otorgar autorizaciones de transporte y las cesiones de áreas entre privados.
“Lo que decimos es que no sólo se trata de acuerdo entre privados y la Provincia sólo es una escribanía que autoriza la cesión. La autoridad de aplicación tiene que evaluar los términos y establecer las condiciones para aceptarla o rechazarla”, comentaron las fuentes consultadas por +e.
- En materia de regulación para la infraestructura en el segmento del midstream, Nación incorporó el artículo 44° bis en la Ley de Hidrocarburos, que habilita las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural en reservorios naturales de hidrocarburos depletados. Se incluye el proceso de inyección, depósito y retiro del gas natural. Se trata de una regulación clave para el desarrollo gasífero de Vaca Muerta.
Neuquén agregó una modificación que establece que la autoridad de aplicación reglamentará los requisitos y condiciones para el otorgamiento de la autorización de los proyectos de almacenaje. Esa figura nueva no fue consultada por el gobierno central con las provincias productoras.
- Las provincias también aplicaron la tijera sobre el Artículo 47 bis, que indicaba que en caso de que una empresa dejara vencer la concesión podría exigirle a la nueva compañía que realizara una oferta en reconocimiento sobre los pozos existentes en producción.
Las fuentes consultadas consideraron esa redacción como “un engendro” impracticable que significaría que quien deja un yacimiento podría trabar el ingreso de nuevos inversores. “Lo más grave es que se mete con activos de la Provincia, porque ante la reversión de un área, el activo pasa al patrimonio provincial”, explicaron.
Prórrogas, canon, fletes y Ley Corta
- También se incorpora en el artículo 35 la posibilidad de que los titulares de las concesiones de explotación prórrogas solicitar prórrogas por un plazo de hasta 10 años de duración, con una antelación no menor a tres años al vencimiento del contrato. El objetivo fue homogeneizar el plan de remediación ambiental que deben presentar las empresas cuando devuelven un área al Estado en caso de que no deseen prorrogarla.
- Por otro lado, se propuso el incremento del monto del canon que perciben las jurisdicciones provinciales por la prórroga de las concesiones a 35 barriles de petróleo por kilómetro cuadrado, que Nación había reducido a 15.
Gasoducto del Pacífico ampliará la capacidad de transporte de gas hasta la planta de Mega.
- Las provincias también agregaron, en el caso del gas (artículo 59), que las regalías se liquiden sobre el precio de mercado obtenido por el productor, para evitar casos como el GLP, que no tiene proceso industrial, y abona a valor de gas natural, cuando se vende a precio mucho más altos.
- Otro ajuste tiene que ver con el descuento del flete de transporte (Artículo 61), que se deberá contabilizar desde el punto donde los hidrocarburos adquieren condición comercial y de su envío por ductos hasta el punto de transferencia comercial. Hoy sucede que en el caso de Neuquén se toma como referencia Puerto Rosales, cuando hay volúmenes de crudo que van hacia las refinerías de YPF de Luján de Cuyo y Plaza Huincul, cuya distancias son mucho menores.
- Además, introdujeron la aclaración de que los estados provinciales tienen competencia en todo lo relativo al dominio, administración, disposición, regulación y fiscalización sobre los recursos naturales que se encuentren en sus respectivos territorios, consagrados por la Ley Corta de 2006.
Mantener la zona fría
Más allá de la compleja reforma de la Ley de Hidrocarburos, las provincias patagónicas se preocuparon porque el dictamen no eliminara los subsidios a la zona fría de la tarifa del gas, que se financia a través de un fideicomiso que pagan en su boleta todos los usuarios del país.
Llancafilo y Domingo habían logrado el acuerdo para mantener los beneficios previstos en el art. 75 de la Ley 25.565 y la Ley 27.637. Así lo habían negociado con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el asesor presidencial en Asuntos Estratégicos, Santiago Caputo, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero en el dictamen que difundió el gobierno, no se cumplió con lo pactado.
Sin debate ni consenso
Más allá de las desprolijidades y dudas que genera una mega ley que se propone transformar de un plumazo la regulación de la economía argentina, en el sector petrolero hay un consenso favorable a la reforma que necesita la legislación para el despegue del potencial exportador de Vaca Muerta.
Sin embargo, su inclusión en la vorágine de una ley ómnibus no aparece como la opción política más acertada si se piensa cambiar un modelo que lleva más de 50 años y que no tuvo consulta sobre las dueñas de los recursos, ni sobre los principales actores del sector. Por caso, la reforma de 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández, llevó meses de tironeros entre Neuquén y Nación, sólo para incorporar la figura de concesión no convencional que se creó para otorgar áreas en Vaca Muerta.