Comienza la cumbre que puede abrir los océanos a la explotación minera submarina

Desde este 15 de julio y hasta el 2 de agosto próximo, representantes de los gobiernos del mundo se reunirán en Kingston (Jamaica), para negociar una serie de normas comunes que, «si se acuerdan y adoptan, abrirían nuestros océanos a la operación minera más grande que la humanidad haya visto jamás», advirtió la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas, que reclama la total protección de los fondos marinos frente a proyectos industriales que amenazan con cambiar para siempre la última región inexplorada del planeta.

Durante las reuniones, los estados miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés), el organismo internacional con competencia sobre las eventuales extracciones, continuarán las negociaciones iniciadas en marzo de este año e interrumpidas por divergencias entre los miembros, para tratar de aprobar el primer reglamento mundial de minería submarina. .

La Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas explica que, durante las sesiones que se extenderán por tres semanas, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tratará de aprobar un Código Minero que contenga las condiciones en las que deberán llevarse adelante las actividades de minería submarina, ya sea por parte de los estados o de empresas.

También está previsto que se pueda debatir, por primera vez en la historia de este organismo internacional, sobre la necesidad de establecer un sistema de protección mundial para los fondos marinos, un tema que hasta el momento y pese a los intentos de la citada Coalición, no pudo ser tratado.

Límites

«La Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC) y nuestras organizaciones asociadas estarán presentes en Kingston durante las reuniones del Consejo y la Asamblea de julio de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), instando a los gobiernos a poner límites y apoyar una moratoria sobre esta industria emergente y destructiva», señala esta plataforma conservacionista en un comunicado.

La situación se encuentra en un punto crítico, porque ya hay grandes compañías, como es el caso de The Metals Company, que amenazan con presentar una solicitud formal de extracción minera en los próximos meses, aprovechando el vacío legal que supone la ausencia de reglamentación sobre esta materia. De ahí la urgencia de aprobar un marco jurídico que regule este sector o que, como prefiere la Coalición, directamente prohíba la actividad.

En ese contexto, un número creciente de gobiernos reconoce que la única forma de prevenir daños irreversibles a los océanos es decretar una moratoria que, al menos por un tiempo, impida este tipo de actividades.

Moratoria

A principios de este año, el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría una resolución instando a la Comisión y a los Estados miembros a pedir una suspensión a nivel internacional. Esta decisión se tomó tras la aprobación, por parte de Noruega, de una ley que abre la puerta a la explotación minera de sus aguas jurisdiccionales.

Es un llamamiento al que se han sumado incluso empresas como Google, Samsung, Volvo o BMW y un total de 24 países, entre los que figuran Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, España y Francia. Los últimos en unirse a la campaña fueron el Reino Unido y México.

Los países de América Latina que se adhirieron a ese pedido vienen insistiendo en «poner un freno a la negociación mientras no existan las condiciones para que llegue a buen puerto». Además, piden un «paquete completo de regulaciones que incluya la mejor ciencia disponible, la garantía de que la minería marina va a reportar beneficios y que no van a ser sólo costos económicos y ambientales para los países en desarrollo», explica Diego Lillo Goffreri, abogado senior del equipo de ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización observadora de las reuniones de la ISA.
Uno de los países latinoamericanos que por el momento no adhirió al pedido de moratoria, es la Argentina.

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