El Gobierno ha salido a desmentir que se esté negociando el calendario de cierre nuclear con las empresas propietarias de las mismas, las grandes eléctricas.
El único contacto que hubo fue por carta y en junio y no se trataba de una solicitud para entablar una negociación entre las partes, sino que más bien una carta como declaración de intenciones de las dos grandes propietarias, Iberdrola y Endesa.
En esas misivas no están incluidas otras propietarias como Naturgy o EDP, que no van a mover un dedo por mantener las centrales abiertas pero tampoco se oponen a que las otras lo consigan. Lo han apoyado públicamente pero sin pedir oficialmente nada.
Respuesta clara
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han asegurado que dicha misiva que recibieron en junio rompía una de las tres líneas rojas que les estableció y por tanto echó para atrás estas intenciones de las compañías.
«La carta es una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas», señalan las fuentes.
Según el Ministerio, el Gobierno ha establecido tres líneas rojas para poder sentarse a negociar un posible cambio en el calendario del cierre de las centrales nucleares que está programado para 2027-2035.
Las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal son:
- Que haya seguridad para las personas.
- Que se garantice la seguridad de suministro.
- Que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Que baje la fiscalidad
Las eléctricas siempre han pedido que se reduzca la carga fiscal para seguir adelante con la operación de las centrales. Con la actual fiscalidad piensan que es prácticamente inviable mantenerlas al no alcanzarse un precio mínimo de 65-70 euros/MWh para poder obtener cierta rentabilidad en el negocio como sí obtienen otras tecnologías en el mercado.
Cualquier bajada de impuestos supone un mayor coste para los ciudadanos por tanto es inviable que se pueda establecer una negociación a día de hoy. El Gobierno ya se lo hizo saber al contestarles sobre la carta de junio avisándoles de las tres líneas rojas.
Estas mismas fuentes del Ministerio así lo confirman.
«Desde entonces, ninguna de las empresas ha trasladado al Ministerio que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales, por lo que no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes», han señalado las fuentes.