San Juan activó en simultáneo dos movimientos que definen el rumbo de la nueva etapa del cobre: la aprobación de la Ley de Desarrollo Minero Local, que fija metas estrictas de empleo y contrataciones provinciales, y la decisión de Vicuña de abrir una ronda de negocios para sumar proveedores sanjuaninos a dos licitaciones estratégicas de infraestructura eléctrica.
La coincidencia no es casual: la provincia busca ordenar la cadena de valor y garantizar que la construcción de los grandes proyectos cupríferos tenga identidad territorial y capacidad técnica real.
La Legislatura aprobó la ley con 32 votos positivos y apenas dos negativos. Conocida como la “ley de proveedores”, establece que las compañías deberán presentar planes orientados a alcanzar 80% de mano de obra con residencia en San Juan y 60% del monto anual de las contrataciones en empresas locales, siempre que éstas ofrezcan condiciones competitivas.
Los planes deberán actualizarse cada dos años y reportar avances verificables. La norma incorpora mecanismos de transparencia, controles periódicos y un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias.
La ley también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), donde sólo podrán inscribirse empresas con arraigo efectivo en la provincia: domicilio operativo, tributación local y al menos 80% de personal sanjuanino. El objetivo es diferenciar a quienes desarrollan actividad económica real de los operadores que funcionan como intermediarios sin presencia productiva. Además, las compañías mineras deberán publicar con anticipación sus cronogramas de compras y futuras licitaciones para permitir que las pymes locales se preparen técnica y financieramente.
En paralelo, Vicuña anunció una nueva ronda de negocios presencial para empresas interesadas en participar de dos licitaciones críticas: la distribución eléctrica en 33 kV y la expansión del sistema eléctrico del Campamento Fase II. Los encuentros se realizarán el 13 y 14 de julio y estarán orientados especialmente a empresas radicadas en Iglesia, Jáchal y el Gran San Juan, buscando facilitar el contacto directo entre los oferentes principales y potenciales subcontratistas locales.
El formato consistirá en reuniones breves de negocios entre las compañías que participan de las licitaciones y proveedores de bienes y servicios. Los rubros convocados incluyen materiales eléctricos industriales, servicios de ingeniería, alquiler de grupos electrógenos, transporte de cargas y personal, alquiler de camionetas, grúas, elementos de protección personal, ferreterías industriales, higiene y seguridad, baños móviles y oficinas modulares.
Las empresas deberán inscribirse antes del 8 de julio, aunque la presentación no garantiza automáticamente un turno: habrá una evaluación técnica previa.
La estrategia de Vicuña se inscribe en un contexto donde la provincia busca fortalecer la participación local en la cadena de valor del cobre. La reciente adjudicación de una etapa del campamento a un consorcio integrado por RAFA S.A. y Beijing Chengdong generó cuestionamientos entre fabricantes nacionales y asociaciones de proveedores, lo que aceleró la decisión de reforzar los mecanismos de integración territorial.
En licitaciones anteriores, Vicuña ya había incorporado proveedores sanjuaninos, como la empresa calingastina Caterwest, seleccionada para el servicio integral de alimentación, hotelería y limpieza en sitio.
Las próximas licitaciones eléctricas serán un punto de inflexión para medir la capacidad de las empresas sanjuaninas de integrarse a proyectos cada vez más complejos.
La combinación de la nueva ley provincial, el registro formal de proveedores y la apertura de rondas de negocios apunta a consolidar un ecosistema local capaz de competir en infraestructura crítica, en un momento donde los grandes proyectos cupríferos comienzan a definir su estructura de abastecimiento para la etapa de construcción.