RIGI: el Gobierno dejó de exigir capital nacional a los proveedores locales y fijó reglas para los cambios de socios en los proyectos de energía y min

El Gobierno cambió la regla que define quién puede contar como proveedor local de los proyectos del RIGI.

Una empresa constituida y con domicilio en la Argentina califica como tal sin importar quiénes sean sus accionistas ni de dónde provenga su capital. La modificación está en el Decreto 1366/2026.

Hasta ahora, la reglamentación de agosto de 2024, el Decreto 749/2024, pedía dos condiciones a las personas jurídicas. Tenían que estar constituidas y domiciliadas en el país, y además al menos el 51% del capital social, o los votos necesarios para formar la voluntad social, debía estar en manos de personas o sociedades con domicilio fiscal en la Argentina. El segundo requisito desaparece. Para quien vende bienes sigue vigente la regla de origen nacional del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur, cuya metodología precisará la Autoridad de Aplicación.

El cambio pesa por el compromiso que asume cada proyecto. Todo Vehículo de Proyecto Único (VPU) adherido presenta un plan de desarrollo de proveedores con una declaración jurada: contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto destinado a bienes y obras, en la construcción y en la operación, siempre que la oferta local esté disponible en condiciones de mercado de precio y calidad. Con la definición nueva, la filial argentina de un grupo internacional de ingeniería, servicios petroleros o construcción suma para ese porcentaje en las mismas condiciones que una pyme de capital nacional.

Según los considerandos, el Gobierno busca integrar a las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos y apunta a «una mayor concurrencia de proveedores». La composición del capital, dice el texto, no debe ser por sí sola un impedimento para participar.

La ronda de negocios de hidrocarburos que se acerca

El decreto salió el mismo día en que cierra la inscripción de empresas para la segunda Ronda de Negocios RIGI, que el Ministerio de Economía organiza para el 2 de diciembre con foco en hidrocarburos y energía. La convocatoria prevé 60 compañías compradoras y más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología. La primera edición, en Rosario, estuvo dedicada a minería, industria e infraestructura.

El universo de compradores es amplio. Según la cartera económica, el sector tiene 14 proyectos RIGI aprobados: 11 de petróleo y gas por u$s 49.000 millones y tres de energía por u$s 706 millones. Hay otros 13 en evaluación, 11 de petróleo y gas por u$s 117.436 millones y dos de energía por u$s 458 millones. Las principales operadoras, agrega el ministerio, se abastecen de casi 10.000 proveedores, y ocho de cada diez son PyMEs.

En el Congreso, la discusión corre por otro carril. Al tratar el Súper RIGI, el plenario de comisiones del Senado incorporó un piso de 20% para proveedores nacionales, con multa ante el incumplimiento.

Los socios de una unión transitoria podrán entrar y salir

La segunda variante del decreto reescribe el artículo 62 de la reglamentación, que regula adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los VPU. Cualquier tercero puede comprar acciones de un vehículo adherido sin alterar sus derechos, pero la compra posterior a la solicitud de adhesión queda fuera del cómputo de inversión para el monto mínimo del régimen.

Para las uniones transitorias y los contratos asociativos, la norma fija un procedimiento. Los miembros pueden ceder total o parcialmente su participación o sumar socios. La operación se informa dentro de los 15 días corridos desde su inscripción en el Registro Público, y el entrante asume los bienes, los compromisos de inversión y las garantías pendientes del que sale. La Autoridad de Aplicación tiene 30 días para observarla; vencido ese plazo, queda conformada. El cedente responde solidariamente por las obligaciones devengadas hasta la inscripción.

Es la forma que adoptan varios desarrollos de Vaca Muerta. Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), adhirió como unión transitoria y como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), con plazo hasta el 30 de abril de 2029 para los u$s 2.000 millones mínimos. Sobre esa categoría el decreto suma otra precisión: una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo del proyecto en su conjunto, separada de los compromisos de cada etapa.

Las sucursales podrán convertirse en sociedades anónimas

Para la minería, el punto sensible son las Sucursales Dedicadas. Con autorización previa, podrán pasar todo el proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal creada a tal efecto. La nueva sociedad reemplaza a la sucursal con todos los beneficios, sin una nueva adhesión y con la misma fecha original y los mismos plazos. La casa matriz responde solidariamente hasta la inscripción. El vehículo de Agua Rica, de Glencore, es una sucursal: la adhesión aprobada en octubre está a nombre de Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina.

El último artículo toca el acceso al mercado de cambios. Los VPU que eligen el incentivo del artículo 198 de la Ley de Bases, sobre los cobros de exportaciones, pueden quedar sujetos a una condición del Banco Central: operar en el mercado solo si las divisas ingresadas y liquidadas igualan o superan las que demanda el proyecto. Desde ahora también computan los aportes y el endeudamiento externo, incluidas las emisiones de deuda, que ingresen los socios de la unión transitoria, los accionistas directos o indirectos del VPU y la casa matriz de una sucursal, siempre que los fondos vayan al proyecto con trazabilidad contable. Midstream de Gas del Sur (MGS), el vehículo exportador del proyecto de líquidos de TGS, declaró en su adhesión que usará ese artículo.

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