La consultora Energy Consilium que encabeza el ex ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren, difundió un informe especial entre sus clientes donde fue lapidario con el decreto de necesidad y urgencia 566/19 que congeló el precio del crudo y de los combustibles por 90 días. “Consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética. Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector”, se subraya en el texto. Luego el informe asegura que la medida “es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias«.
El texto comienza con un detalle de los puntos centrales del decreto 566/19 donde se establece como precios de referencia a ser respetado por la industria un tipo de cambio 45,19 pesos y un barril Brent de 59 dólares. La consultora de Aranguren reconoce que en el pasado se habían instrumentado derechos de exportación, o acuerdos temporarios de precios con la industria, el propio Aranguren se vio forzado a negociar uno el año pasado, pero sostiene que desde la desregulación iniciada en 1991 con la promulgación de los decretos 1055/89, 1212/89, y 1589/89 es la primera vez que se interviene formalmente y de manera directa en la fijación de precios del sector.
“La volatilidad de precios, o el aumento continuo o abruto de ellos, puede tener un impacto negativo sobre los consumidores, y por lo tanto es potestad del PEN, en tanto regulador de la política energética, el intervenir para reducir dicha volatilidad o amortiguar sus impactos. Sin embargo, ello debe ser realizado teniendo en cuenta las consecuencias de la intervención”, afirma Energy Consilium y remarca que se deben tratar de evitar disrupciones en el ciclo de inversión que pongan en riesgo la seguridad del abastecimiento en el mediano plazo. “La dinámica observada en el pasado en la Argentina debería ser razón suficiente para tener extrema cautela en la implementación de medidas que puedan afectar el nivel de inversión sectorial”, se agrega en el texto de la consultora donde, además de Aranguren, trabajan Hugo Balboa, ex titular de Enarsa; Juan Manuel Carassale ex jefe de asesores de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Energía; y Marcos Porteau quien trabajó hasta el último día de la gestión Aranguren como subsecretario de Hidrocarburos.
Aranguren afirma que los controles de precios no son un mecanismo efectivo ante una recesión, excepto en caso de que exista una falla de mercado detectada, la cual, según sostiene, no se verifica hoy en la Argentina. A raíz de ello, asegura que existen mecanismos para realizar dicha intervención a través de la política fiscal y minimizando los impactos en la política energética.
Afirma que el Poder Ejecutivo tiene facultades otorgadas por el Congreso para disminuir la carga tributaria sobre los combustibles en hasta un 10% conforme los establece el artículo 5 de la Ley 23.966. Además, Aranguren remarca que se pueden disminuir los derechos de exportación establecidos por la Administración a través del decreto 793/2019 hasta el 31/12/2020, ”de forma tal de mejorar la ecuación económica del sector y mitigar los impactos de la devaluación en los precios internos”. En ambos casos, el costo de las medidas alternativas propuestas por el ex ministro del presidente Mauricio Macri recaería sobre las arcas del Estado.