«Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas ilegalmente por la Unión Europea de forma premeditada, castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano, ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad», señala el comunicado emitido por la Cancillería.
El 11 de noviembre, la UE anunció la renovación, hasta el 14 de noviembre de 2023, de las sanciones contra funcionarios vinculados a la Administración de Nicolás Maduro.
En ese sentido, el Gobierno destacó que la renovación de las sanciones fueron anunciadas el mismo día en el cual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó públicamente la voluntad de apoyar las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición.
«Es incoherente y constituye una bofetada a la iniciativa francesa denominada Foro por la Paz (…) Repudiamos la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del derecho internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados», señala el texto.
De acuerdo con el comunicado, con esta decisión «se pretende insistir en una estrategia completamente errónea, con la que la UE no ha logrado, en los últimos cinco años, cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno bolivariano».
Entre los sancionados desde hace más de cuatro años, se encuentran la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami; así como militares, funcionarios del poder electoral y de justicia, diputados y gobernadores, entre otros.