Con una producción por 783 mil barriles diarios (mbd) de petróleo crudo promedio, Nicolás Maduro Moros comenzará su tercer periodo en la presidencia de Venezuela en 2025 hasta 2031.
En la noche del día de ayer, la Comisión Nacional Electoral venezolana declaró a Maduro –quien ya ha gobernado de 2013 a 2019 y de 2019 a 2025– como el candidato ganador por poco más de 51 por ciento de los votos, apenas unos miles por encima de su contrincante abanderado por la oposición, Edmundo González.
La otrora potencia mundial productora de crudo y miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha tenido una pérdida en su extracción de aproximadamente 77 por ciento desde 2006, cuando alcanzó su pico máximo, a 2024.
Comenzó a ver declinar su producción a partir de aproximadamente 2015, apenas dos años después de la llegada de Maduro para su primer periodo, sustituyendo y cobijado por el anterior mandatario, Hugo Chávez Frías, mandatario de 1999 a ese año.
Con Chávez, la producción venezolana de hidrocarburos líquidos había alcanzado los 3.4 millones de barriles diarios para 2006 y justamente a partir de 2007 la nación sudamericana comenzó a tener problemas para reportar sus colocaciones de crudo ante la OPEP hasta mayo de 2017, cuando informó 1 millón 972 mbd.
Estimaciones de la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos indican que la producción llegó a apenas por encima de los 500 mil barriles en 2020 con una recuperación a 700 mil barriles para 2023 y 784 para este año.
Mucho de las pérdidas se debieron a la caída prácticamente a cero del recuento de la producción en plataformas en 2020 y que apenas en enero de 2023 comenzó a recuperarse, según la misma Administración.
En 2019 estaban reportadas 149 plataformas en operación para pasar a solo 3 en 2023. En el mismo periodo, el número de pozos productores cayó de 639 a 22.
Sus exportaciones de crudo también se han reducido de los 847 a 550 mbd, mientras que sus exportaciones aumentaron de 4 mbd a 40 mil en el mismo lapso.
Sin embargo, sus reservas probadas de hidrocarburos alcanzan la significativa cifra de más de 300 mil millones de barriles, por encima de las de Arabia Saudita, Irán o Emiratos Árabes Unidos. Hay petróleo, pero se extrae poco.
Respecto al gas natural, las reservas venezolanas alcanzan los 195 mil billones de pies cúbicos a 2023, poseyendo 73 por ciento del total de América del Sur. Su producción está asociada en alrededor de 80 por ciento a la de crudo.
Desgraciadamente, a pesar de contar con grandes reservas, la producción ha sido realmente limitada por falta de inversión, incluida aquella destinada a la infraestructura.
Entre 2016 y 2020, la producción gasífera cayó del casi 1 billón de pies cúbicos diarios, a unos 500 mil millones, la mitad, según reportes de la AIE.
Por su parte, la capacidad de refinación de PDVSA ha disminuido significativamente, debido a la falta de mantenimiento, inversión y sanciones internacionales.
Las plantas refinadoras clave, como Amuay, Cardón y El Palito, han operado muy por debajo de su capacidad nominal. En 2023, la producción de gasolina era insuficiente para cubrir la demanda interna, ya que ha caído a menos de 50 mbd, muy por debajo de la demanda nacional, que ronda los 200 mil.
El desbalance entre oferta y demanda de combustible ha provocado periodos de desabasto y el florecimiento de un mercado negro, principalmente desde que la Guardia Nacional Bolivariana tomó el control de la distribución de las gasolinas, según reportes locales.
Apagones y pérdidas eléctricas
En los últimos 20 años, la capacidad de generación eléctrica de Venezuela se ha ido reduciendo y, como consecuencia, ha abierto una brecha cada vez más amplia entre la oferta y la demanda.
En 2007, durante el gobierno del ex presidente Chávez Frías se nacionalizó la industria eléctrica para crear la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con la intención de consolidar el sector eléctrico bajo la propiedad y rectoría del Estado venezolano, en continuidad con la estructura del sistema eléctrico del país impulsada desde la administración chavista. Unas 14 empresas fueron integradas a Corpoelec.
Con base en datos de la AIE, en 2013 Venezuela contaba con una generación de 120 mil kilowatts-hora (kWh), un pico alcanzado luego de tres décadas de constante crecimiento.
Sin embargo, esta capacidad comenzó a declinar un año después a una tasa promedio anual de 2 por ciento, para llegar a 95 mil kWh como consecuencia de la obsolescencia de los equipos, la falta de mantenimiento, baja inversión, falta de incentivos en el mercado, control gubernamental, reducción en la capacidad profesional de operadores y falta de visión para anticipar y responder a los retos de la mezcla energética, según consideró el organismo norteamericano.
Si bien, Venezuela es de los países de la región de América Latina con mayor porcentaje de su población electrificada, pasando el 99 por ciento, los persistentes cortes de electricidad afectan la calidad de vida de la población, los sistemas de salud, el abasto de agua, el transporte público y el potencial productivo de la economía nacional.
Para lidiar con este problema, el gobierno venezolano ha decidido enfocar los cortes del servicio en las zonas rurales para reducir las interrupciones en las zonas urbanas y, con ello, evitar protestas.
Cabe recordar que en la semana del 7 al 14 de marzo de 2019, el sistema eléctrico venezolano colapsó afectando a la mayoría de los estados del país, así como al estado de Roraima, en Brasil. A partir de entonces, el racionamiento energético llevado a cabo por el Estado se ha vuelto una constante, principalmente en las áreas fuera de Caracas, la capital.
Los cortes se incrementaron 22 por ciento tan solo de 2021 a 2022. En ese mismo 2022, se registraron más de 120 mil cortes de energía en todo el país.
En cuanto a pérdidas de energía eléctrica, Venezuela ocupa el nada honroso tercer lugar en este renglón, tan solo por debajo de Honduras y Haití.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Venezuela pierde 33 por ciento del total de energía de la que dispone. Esto se traduce en pérdidas económicas de entre 3 y 3,135 millones de dólares, hasta 0.65 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Sanciones internacionales
Venezuela ha sido objeto de sanciones internacionales principalmente promovidas por Estados Unidos, incluido un embargo petrolero, lo que ha agravado los problemas de abasto suficiente, con calidad y oportunidad de energía para la población venezolana.
Pero la pandemia por el COVID-19 de 2020 y la invasión de Rusia en territorio de Ucrania de 2022 reconfiguraron el panorama energético y económico mundial, lo que llevó a replantear, entre otros asuntos, las sanciones sobre Caracas.
Algunas sanciones se flexibilizaron, como permitir a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) continuar con sus asociaciones con empresas extranjeras, como Chevron o BP.
Apenas esta semana, el gobierno de Maduro otorgó una licencia para que la británica BP, junto con National Gas Company, empresa estatal de la vecina Trinidad y Tobago, desarrollen el campo gasífero Cocuina-Manakin del lado venezolano. Este campo podría contener hasta 1 billón de pies cúbicos en reservas probadas.
La licencia fue posible gracias a que el Departamento del Tesoro norteamericano extendió una autorización como una exención a las sanciones sobre la nación bolivariana.