La venta de las acciones estatales de Impsa ya es un hecho, pese a que aún falta pulir algunos detalles para concretar el traspaso de la participación de la Nación y de Mendoza en la sociedad a la empresa estadounidense ARC Energy, especializada en brindar soporte operativo a la industria del petróleo y del gas.
Si bien de acuerdo con el cronograma oficial la cesión se formalizará entre el 8 y el 10 de diciembre, representantes de la firma norteamericana estuvieron el pasado viernes en la sede de la exPescarmona. No fue la primera visita de los compradores, aunque esta vez su postura fue diferente.
No se trató de una nueva recorrida por las oficinas y talleres ubicados en el carril Rodríguez Peña de Godoy Cruz, sino que un grupo de avanzada de ARC Energy desembarcó en Impsa para presentar a los actuales directivos los planes para el futuro de la emblemática compañía mendocina.
Justamente también el viernes venció el plazo para que la Comisión Evaluadora presente su dictamen de evaluación de la oferta de ARC Energy. Es un análisis de la propuesta con carácter de recomendación de adjudicación, por lo cual no es vinculante.
El 30 de noviembre se publicará la resolución de la adjudicación y antes del 10 de diciembre se rubricará el acuerdo. El interés de la gestión de Javier Milei por cerrar antes de fin de año su primera “privatización” aceleró el proceso, aún cuando en la licitación internacional se presentó una sola oferta y que tanto la Nación como Mendoza no recibirán un dólar por la venta de sus acciones.
El pliego exigía una capitalización mínima de 25 millones de dólares para garantizar el cumplimiento de contratos y obligaciones de pago, además de asegurar la operatividad de la compañía. En tal sentido, fuentes cercanas a la negociación adelantaron que la propuesta de ARC Energy, a través de un fondo de inversión denominado Industrial Acquisitions Fund (IAF), llegaría a 27 millones de dólares. También admiten que el proceso está muy avanzado y que el desembolso se realizaría en dos cuotas anuales.
El IAF se presenta en su sitio web como “un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) con sede en Estados Unidos, diseñado para adquirir y reestructurar empresas en los sectores de energía e infraestructura”. Reorganización financiera, modernización tecnológica y expansión global son sus principales objetivos.
Más allá del origen norteamericano de ARC Energy y el IAF, fuentes consultadas por El Sol destacaron que detrás de la compra de Impsa hay un fuerte interés e impulso por parte de inversores venezolanos, que incluso aportarían gran parte de los recursos destinados a la capitalización de la empresa mendocina.
Paradójicamente, gran parte de los problemas financieros de Impsa arrancaron en 2013, debido a las complicaciones para cobrarle al gobierno de Venezuela.
“El 94,95% del saldo de créditos por ventas al 30 de septiembre de 2024 se deriva de sus contratos con CORPOELEC (ex ‘EDELCA’), una empresa operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica de propiedad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, resalta el último balance de Impsa.
En medio de un gran hermetismo, otra versión apunta a un mecanismo diferente para obtener los fondos que permitan recomponer capital de trabajo de la compañía: un préstamo, con las instalaciones de Impsa como garantía hipotecaria.
La venta de Impsa
En 2021, la Nación y Mendoza rescataron a Impsa, la capitalizaron con 20 millones de dólares para mantenerla en funcionamiento y se quedaron con el 63,7% y 21,2% de las acciones, respectivamente. Tres años después, pusieron en venta su participación en la sociedad, que acumula deudas por unos 600 millones de dólares y cuenta con una planta de personal de aproximadamente 700 empleados.
En tanto, el 9,8% de las acciones está en manos de un fondo de capital compuesto por los acreedores que tenía la empresa antes de ser estatizada y el 5,3% restante pertenece a un fideicomiso de capital controlado por la familia Pescarmona.
En mayo y junio, el CEO de ARC Energy, Jason Arcenaux, recorrió las instalaciones de Impsa en Mendoza. Un mes después, el gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, anunciaron el inicio del proceso de sesión de acciones y capitalización de la empresa, tras recibir la primera propuesta de capitalización presentada por IAF.
Posteriormente, dos enviados de los compradores se instalaron durante algunas semanas en las oficinas de Impsa para auditar el corazón de la firma. Uno de ellos, de origen venezolano, se dedicó a analizar los movimientos operativos; el restante es un experto contable que estudió los complicados números de la empresa: el último balance arrojó una pérdida superior a los $56.000 millones en los primeros nueve meses del año.
Las pérdidas acumuladas al 30 de septiembre, explicadas principalmente por el incremento de los costos de financieros y el impacto del impuesto a las Ganancias, provocaron que Impsa registre un patrimonio neto negativo, una de las causales de disolución contempladas en la Ley General de Sociedades.
El mismo balance destaca “la existencia de una duda sustancial acerca de la habilidad de la Sociedad para continuar como una empresa en marcha por un período razonable de tiempo”.
El panorama no es el mejor, pero el mismo informe financiero plantea una solución: “De concretarse este proceso de venta de acciones y capitalización, el mismo subsanaría la situación descripta”.