President Petroleum entre la desidia y el colapso

En el paraje Lomas de Olmedo, al norte de Salta, la vida cotidiana se transformó en una escena distópica: árboles secos, animales muertos y un pozo petrolero que emana gases tóxicos desde hace más de un año. El pozo LO-X10, perforado en 1983 y abandonado sin clausura técnica, se convirtió en el epicentro de una crisis que combina tragedia social, daño ambiental y colapso empresarial.

Aureliano Reyes, productor local, relata que su ganado comenzó a morir sin explicación aparente: “Empieza a doler la cabeza, el cuerpo se siente raro, y a veces no encontramos a los animales hasta que ya es tarde”. Su hermano, Blas Reyes, falleció en octubre de 2023 tras colaborar con una inspección judicial en la zona contaminada. Aunque no hubo diagnóstico médico concluyente, la familia vincula su muerte a la exposición prolongada a gases pesados como dióxido de carbono y trazas de gas natural.

Desde agosto de 2023, se reportaron más de 350 animales muertos, incluyendo vacas, caballos, zorros y aves rapaces. Las napas freáticas están contaminadas y el agua presenta un olor penetrante, similar al gasoil. El Ministerio Público Fiscal de Salta ordenó una pericia anticipada con intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que analiza suelos, aguas y gases para determinar la magnitud del daño.

En paralelo, la empresa President Petroleum —filial de la británica President Energy— enfrenta un proceso de concurso preventivo desde octubre de 2024, con una deuda superior a los 61 millones de dólares. En 2025, dos directores clave renunciaron, y la calificadora FIX SCR degradó su nota crediticia a “CC”, reflejando un riesgo extremo de incumplimiento. La firma alega que el pozo fue perforado por YPF y que no figura en su inventario, lo que complica aún más la atribución de responsabilidades.

El gobierno provincial conformó un Comité de Crisis y presentó una demanda ambiental contra President Petroleum y otras operadoras, exigiendo el cierre técnico del pozo y la remediación del ecosistema afectado. Sin embargo, el costo estimado del sellado definitivo ronda los 15 millones de dólares, y ninguna de las partes parece dispuesta a asumirlo.

El caso LO-X10 no es solo un conflicto ambiental: es una advertencia sobre los límites de la gobernanza energética en territorios vulnerables. Mientras la comunidad de El Retiro espera respuestas, el pozo sigue activo, liberando gases invisibles que matan lentamente.

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