La Rioja, cuña generosa en recursos mineros entre San Juan y Catamarca, sigue produciendo noticias. La decisión de la jueza María Greta Decker de suspender por 30 días las actividades y bloquear el acceso a Vicuña por Guandacol es otra cuenta del largo rosario de cosas que van y que vienen.
A esta altura, la gran mina binacional que procura acelerar el partnership BHP+Lundin ya debe haber concluido que ponerle todas las fichas posibles al Corredor Norte por suelo sanjuanino hasta los campamentos de Batidero.
Hace unos días hubo una extraña «auto convocatoria» de reclamantes guandacolinos de trabajo y contratos.
Hay una razón que es la masa madre de por qué Lundin originalmente y Vicuña hoy no elevan el tono de la discusión con Ricardo Quintela y su equipo. Un motivo que excede largamente el cautiverio de la ruta al proyecto.
Se trata del interés por el macro distrito minero que rodea a Vicuña que en estos días fue noticia por el potencial y la exploración en Las Pailas, en manos hoy de Optimal Capital Mining (OCM) a donde en la prehistoria de Josemaría, antes de su binacionalidad, los riojanos soñaron con poner la planta de un complejo aurífero, argentífero y cuprífero.
En estos días, a propósito de la muerte del líder sindical de AOMA en Santa Cruz, Javier Castro, muchos recordaron aquel apelativo de Far West que un periodista le dedicó al Macizo del Deseado. Hoy CLUBminero escuchó el ocurrente bautizo del Far Northwest argentino dedicado a La Rioja.
Por Famatina y por otros proyectos, La Rioja ha ido y venido en definiciones. Las mineras hablan de que difícilmente haya progresos hasta mayo del año próximo, cuando deberá elegirse un nuevo gobernador.
Mientras tanto, esta tarde el periodista Eduardo German sumó en su valioso portal un nuevo dato que reproducimos aquí gracias a su gentileza, en el cual da cuenta de pre acuerdos previos entre Vicuña y La Rioja, antes del fallo judicial que enrarece el ambiente. No se mueva de la tele, La Rioja siempre puede traer algo nuevo.
La minera cuprífera —joint venture de BHP y Lundin Mining— tenía en marcha, con anterioridad a la cautelar dictada por la jueza María Greta Decker, un plan de inversión que contemplaba la licitación del «bypass» vial por la localidad riojana con convocatoria a siete empresas de la provincia, además de obras de mantenimiento sobre la traza provincial y esquemas de contratación de proveedores locales. El dato modifica la lectura política del conflicto y reconfigura el tablero de la negociación con el gobierno de Ricardo Quintela.
El proyecto cuprífero Vicuña tenía comprometida, antes del estallido del conflicto interprovincial con La Rioja, una obra de circunvalación en la localidad de Guandacol cuyo monto estimado por terceros ronda los 10 millones de dólares. El dato —que hasta ahora no había sido incorporado al debate público sobre la disputa— modifica sustancialmente la lectura política del fallo dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, que suspendió por 30 días el tránsito minero por el camino de Guandacol y exigió la presentación de los estudios de impacto ambiental correspondientes.
La cronología resulta decisiva. Mientras el gobierno provincial construyó su intervención judicial sobre el diagnóstico de que la operadora no ofrecía contrapartidas concretas a las comunidades riojanas afectadas por el tránsito pesado, el proceso de licitación de la circunvalación ya estaba formalmente abierto, con siete empresas riojanas convocadas a presentar ofertas. El monto definitivo surgirá del propio proceso competitivo, pero las estimaciones del sector ubicaban la obra en el orden de los 10 millones de dólares, una cifra de magnitud relevante para una infraestructura vial provincial de carácter específico.
Qué resuelve la obra
La circunvalación de Guandacol tiene como propósito técnico desviar el tránsito minero pesado del casco urbano de la localidad, eliminando así uno de los puntos de mayor fricción con la comunidad local. Sobre los 200 kilómetros de traza que el proyecto Vicuña recorre en territorio riojano —desde Guandacol hasta reingresar a San Juan rumbo al campamento Batidero—, el cruce por el centro urbano de Guandacol concentra buena parte de las externalidades ambientales y sociales asociadas a la operación: el ruido, el polvo, la presión sobre las calles internas y el riesgo vial cotidiano.
Al construirse una traza perimetral que evite ese cruce, la obra apunta a resolver de manera práctica y verificable el reclamo ambiental más visible de las comunidades del oeste riojano. No altera la lógica general del recorrido logístico —el tránsito sigue utilizando infraestructura de La Rioja—, pero neutraliza el impacto sobre el núcleo urbano, que es precisamente donde se concentra la demanda social.
Convocatoria a empresas riojanas
La operadora invitó a siete empresas de la provincia de La Rioja a participar del proceso licitatorio, con firmas radicadas tanto en la capital provincial como en Chilecito, cabecera política y económica del oeste riojano. La composición de la convocatoria responde a un diseño deliberado: movilizar capital y empleo local, en un esquema análogo al que ya rige para los proveedores de Iglesia y Jáchal en la provincia de San Juan, donde la actividad minera cuenta con un entramado consolidado de contratistas con asiento territorial.
El dato desmonta parcialmente uno de los argumentos centrales esgrimidos por el Ejecutivo provincial al momento de impulsar la medida autosatisfactiva. El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, había planteado públicamente que el único impacto que hasta entonces había dejado el proyecto sobre el territorio riojano era «el polvo constante y las complicaciones que genera el tránsito». La convocatoria a siete firmas riojanas para una obra estimada en 10 millones de dólares introduce, en los hechos, una contrapartida económica medible que el debate público no había registrado.
El plan integral de integración
La circunvalación no constituye una iniciativa aislada, sino que se inscribe dentro de un esquema más amplio de relación con el territorio riojano que la operadora venía ejecutando en paralelo al avance de la preconstrucción. Ese esquema incluye el mantenimiento de los tramos de la traza provincial que conectan Guandacol con el campamento Batidero, para los cuales la compañía solicitó oportunamente la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente ante la autoridad riojana —trámite que quedó comprendido en la controversia actual—, y una política declarada de incorporación progresiva de proveedores y mano de obra local.
La solicitud de la Declaración de Impacto Ambiental por las mejoras viales sobre la traza riojana es, en sí misma, un elemento relevante de la cronología. La operadora había activado los canales administrativos formales ante la provincia antes del conflicto judicial, reconociendo la competencia de La Rioja sobre la infraestructura que utiliza para su logística. El hecho de que ese expediente no haya culminado con la autorización correspondiente es parte sustantiva del argumento del Ejecutivo provincial, pero la mera existencia del trámite contradice cualquier lectura que presuponga un desconocimiento empresarial de las potestades provinciales.
El Corredor Norte y el plan B de Iglesia
A la obra de la circunvalación y al mantenimiento de la traza riojana se suma, en el plano estrictamente sanjuanino, la construcción del Corredor Norte, la vía íntegramente asentada en territorio de San Juan que está llamada a sustituir en el mediano plazo el paso por La Rioja como principal acceso al yacimiento. Ese corredor atraviesa actualmente una fase de redefinición: la operadora resolvió apartar a la UTE integrada por las firmas que tenían a su cargo los tramos E y F —unos 50 kilómetros entre La Majadita, La Brea y el campamento Batidero—, con el objetivo de retomar las obras tras el Operativo Invierno con nuevos contratistas.
En paralelo, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, confirmó que el departamento cuenta con un corredor interno que parte desde Rodeo por la Ruta Provincial 430, atraviesa Angualasto, Malimán y El Chinguillo, y empalma con el camino que llega desde La Rioja para desembocar en el campamento Batidero. Esa vía funciona como respaldo operativo ante urgencias y permite, en los hechos, que la operación no se paralice mientras dure la cautelar dictada por la Justicia riojana.
El cuadro completo configura, así, una arquitectura logística de triple capa: una obra de mitigación dentro de territorio riojano (la circunvalación), una obra estructural de independencia dentro de territorio sanjuanino (el Corredor Norte) y una vía alternativa de emergencia (el corredor Rodeo–Batidero).
Un conflicto que la inversión previa desdibuja parcialmente
La existencia del proceso licitatorio de la circunvalación con anterioridad al fallo judicial modifica el equilibrio narrativo del conflicto. La confrontación se había articulado sobre un eje binario: por un lado, una provincia reclamando estudios de impacto ambiental y contrapartidas económicas; por el otro, una empresa supuestamente desentendida de las demandas locales. La aparición del paquete de 10 millones de dólares para Guandacol, con siete empresas riojanas ya convocadas, introduce un tercer elemento que el debate público no había procesado.
Eso no neutraliza el reclamo ambiental de fondo, que se apoya en la ausencia de la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la autoridad riojana, pero sí acota el alcance de la imputación política. La operadora puede argumentar, tanto en su defensa jurídica como en el plano de la opinión pública, que venía ejecutando medidas concretas de integración territorial antes de la cautelar, y que la resolución judicial se produjo en un contexto donde esas acciones estaban ya en curso.
La dimensión federal del caso
El episodio funciona, en clave más amplia, como un caso testigo sobre la articulación entre los grandes proyectos mineros y los territorios en los que operan, en un momento en que la administración de Javier Milei impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer capital extranjero al sector. La capacidad de la operadora para sostener el cronograma de obra mientras resuelve simultáneamente el frente judicial riojano, la licitación de la circunvalación, la reasignación de tramos del Corredor Norte y la relación institucional con dos gobiernos provinciales de orientación política distinta configura un test de viabilidad para el modelo extractivo que el gobierno nacional pretende consolidar.
En paralelo, para el gobierno de Ricardo Quintela, la existencia del paquete de inversión previo al conflicto obliga a recalibrar la estrategia. El reclamo ambiental conserva sustento jurídico, pero el argumento político de la «ausencia de contrapartidas locales» pierde parte de su fuerza. La negociación que se abra en las próximas semanas deberá incorporar, entonces, la discusión sobre cómo se articula ese paquete con las demandas adicionales que plantea la provincia: prioridad para trabajadores riojanos en la operación del yacimiento, fortalecimiento del esquema de proveedores locales y definición clara de las competencias ambientales sobre la infraestructura vial utilizada.
Los plazos decisivos
La ventana de 30 días fijada por la jueza María Greta Decker para que la operadora presente los estudios de impacto ambiental se superpone con el tramo central del proceso licitatorio de la circunvalación. La convergencia de ambos plazos configura un escenario donde la resolución del conflicto puede producirse por la vía de la integración —cumplimiento ambiental más ejecución de obra con empresas locales— o por la vía de la judicialización extendida, con eventual intervención de instancias superiores del Poder Judicial argentino.
En un proyecto multigeneracional, con inversiones globales superiores a los 7.000 millones de dólares y una vida útil inicial estimada en más de 70 años, la forma en que se resuelvan los primeros capítulos de esta relación con el territorio definirá, en gran medida, la sustentabilidad política del emprendimiento en las décadas que vienen. Los 10 millones de dólares comprometidos para Guandacol antes del conflicto judicial son, en ese sentido, una pieza central —hasta ahora subestimada— del rompecabezas que La Rioja, San Juan y Vicuña deberán terminar de armar en las próximas semanas.
La medida responde a la falta de evaluación ambiental, según autoridades riojanas.
La mantiene paralizado desde diciembre el trámite ambiental del camino de acceso al principal proyecto cuprífero binacional de la Argentina, rechazó el recurso de reconsideración presentado por la compañía y enfrenta ahora un recurso jerárquico con ampliación de fundamentos. En paralelo, la ruptura unilateral del contrato de exploración sobre Las Pailas y el corte de ruta de Villa Castelli configuran un patrón de presión institucional que pone en jaque la seguridad jurídica del RIGI.
La decisión del Gobierno de Ricardo Quintela de mantener suspendido el trámite de actualización del Estudio de Impacto Ambiental (IIA) de la Ruta Provincial N° 506 —el corredor vial de 200 kilómetros que conecta Guandacol con el campamento Batidero, puerta de entrada argentina al proyecto cuprífero Vicuña— se ha convertido, al cierre del primer cuatrimestre de 2026, en el eje central de un conflicto institucional que excede los límites de una controversia ambiental puntual. El bloqueo, articulado a través de una secuencia de actos administrativos encadenados, configura junto con la ruptura unilateral del contrato de exploración sobre el área Las Pailas un cuadro que la empresa binacional —operada por Lundin Mining en sociedad con BHP— caracteriza formalmente como un patrón de presión institucional con implicancias directas sobre la seguridad jurídica del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Una cronología que dibuja el bloqueo
La historia administrativa del expediente es nítida y está documentada en actos oficiales de la Secretaría de Ambiente provincial. El vínculo institucional entre Vicuña y La Rioja sobre la Ruta 506 se remonta a octubre de 2022, cuando la provincia convirtió en camino público —bajo la numeración provincial 506— la traza que originalmente funcionaba como servidumbre minera otorgada a NGExs, antecesora corporativa de Vicuña Corp. En marzo de 2023, la autoridad ambiental riojana emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) original del corredor. Sobre esa base, en agosto de 2023 se firmó el contrato de mantenimiento entre la Administración Provincial de Vialidad (APV) —organismo dependiente del Ejecutivo riojano— y la compañía, que desde entonces asumió la responsabilidad operativa de preservar la transitabilidad del camino.
El 3 de abril de 2025, Vicuña presentó formalmente la primera actualización del IIA, un procedimiento regulatorio de rutina exigido por la normativa ambiental provincial para proyectos de esta envergadura. El trámite se desarrolló durante más de ocho meses sin objeciones sustantivas conocidas, hasta que el 10 de diciembre de 2025 la Secretaría de Ambiente resolvió suspender el trámite. Dos días después, el 12 de diciembre, la compañía interpuso recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio —una figura procesal estándar que busca agotar simultáneamente las instancias administrativas—. El 12 de febrero de 2026, la provincia rechazó la reconsideración, lo que activó automáticamente el recurso jerárquico planteado en subsidio. El 20 de febrero, Vicuña presentó una ampliación de fundamentos para reforzar esa instancia superior.
La cronología, leída en conjunto, revela una secuencia administrativa que no ha cedido ante ninguno de los argumentos técnicos ni jurídicos presentados por la compañía en las distintas etapas del procedimiento.
El corazón jurisdiccional del conflicto
La disputa, formulada en estos términos, trasciende el caso concreto. El principio de competencia territorial exclusiva de cada provincia sobre los recursos naturales ubicados en su propio suelo —consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994— constituye una piedra angular del federalismo argentino en materia de hidrocarburos, minería y recursos ambientales. Si La Rioja obtuviera éxito en su pretensión de vincular la DIA del camino a la evaluación ambiental del proyecto ubicado en San Juan, se estaría sentando un precedente institucional de alcance nacional: cualquier provincia por cuyo territorio pase el acceso físico a un proyecto ubicado en otra jurisdicción podría, en el futuro, reclamar competencia ambiental sobre el proyecto en sí. Las implicancias, proyectadas sobre el mapa de la minería, los hidrocarburos y las energías renovables argentinas, son considerables.
Las consecuencias operativas concretas
La suspensión de la DIA no es un problema meramente procesal. Tiene consecuencias operativas inmediatas sobre el funcionamiento del corredor vial. En primer lugar, impide formalmente el avance de las obras de mantenimiento previstas en el contrato vigente con la APV. En segundo lugar —y esto es particularmente relevante para el tejido productivo local—, pone en riesgo la continuidad del contrato vigente con el proveedor riojano a cargo de las tareas de mantenimiento, una empresa local que se encuentra en una situación de incertidumbre operativa desde diciembre. En tercer lugar, obstaculiza el avance de la construcción del bypass de Guandacol, cuya licitación con siete empresas riojanas acaba de ser lanzada y cuya materialización quedó sujeta por el propio Directorio de Vicuña —en enero de 2026— a dos condiciones explícitas: aprobación de la DIA y firma del acuerdo formal.
A la secuencia administrativa se sumó, el 25 de marzo, un elemento de tensión territorial adicional: el corte del camino de acceso registrado a primera hora en la localidad de Villa Castelli, municipio de General Lamadrid, en reclamo de puestos de trabajo por parte de miembros de la comunidad. La medida fue levantada por la noche, tras negociaciones con el intendente local —quien, según fuentes consultadas, se encuentra al tanto de la imposibilidad de avanzar con las obras en el camino sin la DIA—. El episodio ilustra cómo el bloqueo ambiental provincial se proyecta sobre la dinámica social del Departamento Felipe Varela, donde las expectativas de empleo local y proveeduría generadas por la presencia de Vicuña —que mantiene operaciones comunitarias permanentes en Guandacol desde hace cuatro años— se ven sistemáticamente frustradas por la falta de avance institucional.
El segundo frente: Las Pailas y la ruptura contractual de EMSE
La suspensión de la DIA del camino opera, en la lectura de la compañía, como una de las dos caras de una misma estrategia. La otra es la ruptura unilateral del contrato de exploración con opción a compra sobre el área Las Pailas, firmado en noviembre de 2021 entre Vicuña Corp. y la Empresa Minera del Estado (EMSE), sociedad titular del área en representación del Estado riojano. En diciembre de 2024, EMSE notificó a Vicuña la rescisión unilateral del contrato alegando falta de ejecución por parte de la compañía, y transfirió la titularidad del área a la firma OCM S.A., un actor privado local cuya aparición en el expediente fue interpretada en el sector minero como un movimiento institucionalmente inusual.
Vicuña rechazó formalmente la rescisión invocando tres argumentos técnicos de peso: la nulidad absoluta del acto, la violación del derecho de propiedad y el carácter confiscatorio de la medida. Los hechos sobre los que sustenta esos argumentos son concretos y registrados. El contrato había tenido principio de ejecución material, con entrega de tenencia, trámites registrales en curso y constitución de servidumbres mineras correspondientes. En paralelo, fue EMSE —no la compañía— la que incumplió obligaciones esenciales a su cargo: la obtención del poder de actuación, la tramitación legislativa pertinente y la gestión de los permisos ambientales necesarios para el avance del programa exploratorio comprometido.
Las acciones judiciales iniciadas por Vicuña en el fuero provincial no prosperaron en las instancias cautelares: las medidas precautorias solicitadas fueron rechazadas en las instancias provinciales, lo que deja a la compañía con la alternativa de escalar el conflicto al fuero federal, como reserva procesal frente a lo que interpreta como una denegación sistemática de tutela judicial efectiva a nivel provincial. El caso, según fuentes del sector minero consultadas, está siendo seguido con particular atención por estudios jurídicos especializados en derecho minero internacional, que evalúan la posibilidad de recurrir eventualmente a mecanismos de arbitraje bajo tratados bilaterales de inversión.
La posición jurídica consolidada de la compañía
El informe institucional interno que Vicuña ha distribuido entre sus interlocutores políticos y diplomáticos condensa, en una sola línea, la lectura corporativa del escenario: «La posición jurídica de Vicuña es sólida tanto en materia contractual como ambiental. El principal riesgo actual no es técnico ni ambiental, sino político-institucional y de seguridad jurídica.» El diagnóstico, formulado con la contención de un documento corporativo, es demoledor en su sustancia. Lo que la compañía está planteando es que el obstáculo para el avance de uno de los proyectos mineros más significativos de la Argentina no reside en ningún déficit técnico, ambiental o contractual de su propia gestión, sino en decisiones institucionales del Gobierno provincial que considera arbitrarias y contrarias al marco jurídico vigente.
La conclusión del informe interno avanza un paso más: caracteriza la rescisión unilateral del contrato de Las Pailas y la suspensión de la DIA del camino como componentes de «una escalada institucional y jurídica por parte de la Provincia de La Rioja» y como partes integrantes de «un patrón de presión institucional». La formulación no es retórica. Tiene consecuencias jurídicas concretas en el plano internacional: los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones suscriptos por la Argentina incluyen cláusulas específicas sobre medidas expropiatorias indirectas y tratamiento justo y equitativo, cuya interpretación por los tribunales arbitrales internacionales se ha consolidado, en las últimas dos décadas, sobre casos precisamente como los que aquí se describen.
La proyección federal del conflicto
La dimensión del conflicto trasciende largamente el ámbito provincial. El Proyecto Vicuña —que consolida los depósitos de Josemaría (Lundin Mining) y Filo del Sol (originalmente Filo Mining, hoy integrada tras la adquisición de BHP) en un desarrollo binacional que se extiende entre la Argentina y Chile— es considerado uno de los yacimientos de cobre más prometedores del hemisferio occidental. Su materialización está atada a los incentivos del RIGI, el régimen aprobado en 2024 por la administración de Javier Milei con el objetivo declarado de ofrecer estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por tres décadas a las grandes inversiones en sectores estratégicos.
La señal que el caso riojano envía a los inversores internacionales es, en consecuencia, de alcance sistémico. Si una provincia argentina puede, sin consecuencias institucionales, suspender indefinidamente el trámite ambiental de un camino público bajo su jurisdicción para presionar por la revisión de la evaluación ambiental de un proyecto ubicado en otra provincia, y simultáneamente rescindir unilateralmente un contrato de exploración vigente transfiriendo el área a un tercero, entonces los marcos de seguridad jurídica que el RIGI pretende consolidar enfrentan una erosión operativa desde el mismo nivel subnacional. Ese es el mensaje que la compañía está haciendo circular —con discreción, pero con convicción— entre los ministerios nacionales competentes, las embajadas de los países de origen de sus accionistas controlantes (Canadá y Australia) y los actores institucionales del sistema minero argentino.
Una decisión política que La Rioja todavía puede reencauzar
Al cierre de este informe, la DIA de la Ruta Provincial 506 continúa suspendida. El recurso jerárquico con ampliación de fundamentos presentado el 20 de febrero aguarda resolución administrativa. El contrato de mantenimiento con la APV enfrenta la amenaza de la parálisis operativa. El contrato de Las Pailas está judicializado con resultado adverso en instancias provinciales. Y, en paralelo, la propia compañía acaba de lanzar la licitación del bypass de Guandacol con siete empresas constructoras riojanas convocadas, por una obra estimada en diez millones de dólares, en un movimiento que puede leerse como una última apuesta por reencauzar el vínculo a través de hechos económicos concretos.
La decisión queda, ahora, del lado del Gobierno de Ricardo Quintela. La provincia puede sostener la línea de presión institucional vigente —con las consecuencias jurídicas, diplomáticas y reputacionales que esa trayectoria implica para una jurisdicción que acaba de registrar, por vía de sus propios reportes fiscales, una dependencia estructural cercana al 88% de las transferencias nacionales— o bien puede interpretar el momento como una oportunidad para destrabar el expediente ambiental, recalibrar la disputa por Las Pailas y transformar los 200 kilómetros del Corredor Norte en la columna vertebral de una estrategia de inversión privada que la región no conoce desde hace décadas.
Entre ambas alternativas hay, por ahora, un conjunto de actos administrativos suspendidos, un contrato rescindido, una ruta cortada en Villa Castelli y una licitación que acaba de empezar. Lo que se resuelva en las próximas semanas definirá, con toda probabilidad, si La Rioja continuará escribiéndose dentro del mapa de la minería argentina del siglo XXI, o si se situará fuera de él por decisión propia.
