Venezuela empieza a mostrar las primeras señales concretas de apertura en su sector eléctrico. Apenas días después de que la Asamblea Nacional avanzara con una reforma legal para permitir mayor participación privada en generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, la empresa IMPSA firmó un acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec para recuperar infraestructura hidroeléctrica estratégica.
El dato político no es menor: el anuncio fue realizado por la propia Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, quien presentó el acuerdo con la compañía de origen argentino como un paso “histórico” para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.
La operación posiciona a IMPSA como una de las primeras empresas extranjeras en tomar ventaja dentro del nuevo contexto venezolano. Y lo hace con un elemento distintivo: su conducción actual está fuertemente ligada a Venezuela, empezando por su presidente, Jorge Salcedo Hernández, abogado venezolano con trayectoria en Estados Unidos y América Latina.
El acuerdo: recuperar 672 MW en 19 meses y avanzar hacia 2640 MW en cinco años
El acuerdo entre IMPSA, el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec apunta a rehabilitar las centrales hidroeléctricas de Macagua y Tocoma, dos activos centrales para la infraestructura eléctrica venezolana.
Según informó el propio Jorge Salcedo en LinkedIn, IMPSA aportará experiencia, ingeniería y tecnología para recuperar una meta inicial de 672 MW de capacidad de generación en un plazo de 19 meses.
El plan más amplio podría aportar hasta 2.640 MW de capacidad hidroeléctrica en los próximos cinco años: 2160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua.
El acuerdo retoma un contrato firmado hace más de una década entre IMPSA y Corpoelec que había quedado sin ejecución por problemas de pago y sanciones.
Bajo una licencia estadounidense otorgada este año, la compañía busca avanzar en un adendum contractual para exportar e instalar turbinas hidráulicas y equipamiento mecánico.
Tocoma y Macagua: por qué son claves para Venezuela
Tocoma, también conocida como Manuel Piar, fue concebida como una de las grandes centrales hidroeléctricas del complejo del río Caroní. El proyecto apunta a sumar más de 2000 MW de capacidad a través de diez unidades de generación.
Su finalización sería relevante para un sistema eléctrico que opera con déficit, racionamientos y cortes frecuentes. La posibilidad de poner en marcha las primeras etapas en un plazo de entre 14 y 19 meses vuelve al proyecto especialmente atractivo para un país que necesita capacidad efectiva en el corto plazo.
Macagua, en cambio, representa una estrategia diferente: recuperar capacidad existente. De acuerdo con Reuters, las primeras dos unidades de 80 MW podrían volver al servicio entre 90 y 100 días después de la firma del adendum contractual.
La combinación entre Tocoma y Macagua permite leer el acuerdo en dos tiempos: recuperación rápida de capacidad disponible y desarrollo gradual de nueva potencia hidroeléctrica.
El anuncio de Delcy Rodríguez: una señal política al mercado
El protagonismo de Delcy Rodríguez en el anuncio le da al acuerdo una dimensión que excede lo técnico.
Venezuela busca mostrar que la apertura del sector eléctrico no queda solo en el debate legislativo, sino que empieza a traducirse en acuerdos con empresas capaces de aportar tecnología, equipamiento y ejecución.
La imagen de Rodríguez anunciando el convenio con IMPSA funciona como una señal directa para el mercado: el Gobierno quiere acelerar la recuperación de infraestructura crítica y mostrar que existen interlocutores privados dispuestos a entrar en un sector históricamente dominado por el Estado.
La oportunidad es sensible. El suministro eléctrico se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de Venezuela, con impactos sobre la vida cotidiana, el agua, las telecomunicaciones, la actividad industrial y la confianza de potenciales inversores.
La reforma eléctrica abre la puerta a privados y empresas mixtas
El acuerdo con IMPSA se produce después de que la Asamblea Nacional diera aprobación inicial a una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
El proyecto busca abrir el sector eléctrico a la inversión privada y permitir la creación de empresas mixtas luego de casi dos décadas de control estatal.
La propuesta habilita la participación del Estado, empresas mixtas con mayoría estatal, compañías con participación estatal minoritaria y firmas privadas en generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
El texto también prevé que las empresas mixtas puedan tener concesiones de hasta 25 años, con posibilidad de extensión por hasta 15 años adicionales.
Si se aprueba definitivamente, la reforma implicaría un cambio estructural respecto del esquema instaurado tras la nacionalización del sector eléctrico en 2007 y la ley de 2010, que reservó al Estado las principales actividades del sistema eléctrico.
Déficit de generación y urgencia de inversión
La reforma no aparece en el vacío. Venezuela enfrenta una crisis eléctrica persistente por falta de inversión, mantenimiento insuficiente, deterioro de redes y baja disponibilidad de unidades de generación.
La falta de suministro confiable genera dudas entre inversores sobre la posibilidad de avanzar con proyectos productivos.
A ello se suma la información local compartida sobre el déficit de generación: la demanda eléctrica venezolana habría superado los 15000 MW, mientras que la brecha de generación ronda los 2000 MW, un volumen equivalente al consumo de toda la Gran Caracas.
El dato explica por qué la hidroelectricidad vuelve al centro de la agenda. Antes de escalar nuevos parques solares, eólicos o soluciones híbridas, Venezuela necesita recuperar capacidad firme y confiabilidad operativa en activos ya existentes o parcialmente ejecutados.
El factor IMPSA: una empresa argentina con conducción venezolana
Uno de los elementos más relevantes de la operación es la composición de la conducción de IMPSA.
La compañía, históricamente asociada a la industria tecnológica argentina y a la familia Pescarmona, atraviesa una nueva etapa bajo el control de Industrial Acquisitions Fund LLC —IAF—, luego de su privatización y reestructuración financiera.
Según la información institucional de IMPSA, el Comité Ejecutivo está integrado por Jorge Salcedo Hernández como presidente, Juan Manuel Domínguez como vicepresidente y Freddy Bálsera como director.
A ellos se suma un equipo de management compuesto por Pablo Magistocchi como country manager, Juan Ramón Carvallo como director y responsable de negocios en Estados Unidos, Mario Croce como director comercial y Mario Scarpa como director de operaciones.
La relevancia política y empresarial está en que el presidente de IMPSA es venezolano y otros nombres de la nueva conducción tienen vínculos directos con América Latina, Estados Unidos y el mundo de la comunicación institucional, los negocios y la diplomacia empresarial.
Jorge Salcedo, el presidente venezolano de IMPSA
Jorge Salcedo Hernández aparece como una figura central en esta operación.
Según su perfil profesional, es presidente de IMPSA, Of Counsel en Ferrari & Associates P.C. y fundador de Salcedo Attorneys at Law P.C.
Su formación combina Venezuela y Estados Unidos: estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola, se graduó como abogado en la Universidad Católica Andrés Bello y obtuvo un Juris Doctor en Nova Southeastern University Shepard Broad College of Law, en Florida.
La web institucional de IMPSA también lo presenta como Managing Partner de Industrial Acquisitions Fund LLC.
Allí se destaca que en 2025 lideró la adquisición y privatización de IMPSA, impulsando su reposicionamiento estratégico en la fabricación de componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino.
Bajo su liderazgo, la compañía completó la reestructuración de aproximadamente USD 583 millones de deuda heredada, restableciendo su estabilidad financiera y posicionándola para una nueva etapa de crecimiento internacional.
Su nacionalidad y trayectoria agregan una lectura particular al acuerdo con Venezuela. IMPSA no llega al país solo como una empresa argentina con experiencia hidroeléctrica, sino también con un presidente venezolano que conoce el entorno institucional, regulatorio y político local.
En un mercado donde la interlocución con el Estado, las garantías contractuales y la negociación de pagos serán tan relevantes como la capacidad técnica, ese factor puede convertirse en una ventaja competitiva.
Juan Manuel Domínguez y Freddy Bálsera: política, comunicación y negocios
La conducción de IMPSA también incluye perfiles vinculados a estrategia institucional y expansión internacional.
Juan Manuel Domínguez, vicepresidente de la compañía y director de Industrial Acquisitions Fund LLC, integró el equipo que lideró la adquisición de IMPSA y la negociación estratégica con el Gobierno argentino durante el proceso de privatización. De acuerdo con la información institucional de la empresa, desde su rol impulsa la agenda política, institucional y de nuevos negocios de IMPSA en Argentina, Estados Unidos y América Latina.
Domínguez es fundador de YAP y YAP Sports, socio de Balsera Communications para Latinoamérica, miembro del directorio de GCDI y director del capítulo Buenos Aires de la Argentine-American Chamber of Commerce of Florida. También participa en la expansión regional de Newsweek en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Freddy Bálsera, en tanto, es director de IMPSA y fundador y CEO de Balsera Communications. La empresa lo describe como un empresario y estratega de comunicación con amplia trayectoria en Estados Unidos, asesor de corporaciones, instituciones financieras, organizaciones políticas y sindicatos en campañas de posicionamiento y asuntos públicos.
Management operativo: la pata técnica e industrial
Junto al comité ejecutivo, IMPSA mantiene un equipo de management operativo con perfiles orientados a la ejecución industrial y comercial.
Pablo Magistocchi figura como country manager. Juan Ramón Carvallo aparece como director y responsable de negocios en Estados Unidos. Mario Croce ocupa el cargo de director comercial, mientras que Mario Scarpa es director de operaciones.
Ese equipo será clave para transformar el acuerdo político e institucional en obra, logística, ingeniería, montaje y puesta en servicio.
En el caso venezolano, el desafío operativo no será menor: parte del equipamiento de Tocoma está almacenado en Mendoza, también existen componentes en otros países, y el proyecto requerirá inventario, actualización tecnológica, exportación, montaje, permisos, financiamiento y coordinación con Corpoelec.
IMPSA busca reposicionarse después de su reestructuración
La operación con Venezuela también llega en un momento decisivo para IMPSA.
En mayo de 2026, la compañía informó que el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza homologó su Acuerdo Preventivo Extrajudicial —APE—, un paso clave dentro del proceso de reestructuración financiera.
La homologación permitió avanzar con el canje de deuda previsto en el acuerdo aprobado por los acreedores y respaldado por Industrial Acquisitions Fund LLC, accionista controlante de IMPSA.
La compañía busca recuperar su capacidad productiva y tecnológica, y fortalecer su posicionamiento internacional en hydro, nuclear, grúas portuarias y energías renovables.
Con más de 115 años de trayectoria, IMPSA instaló más de 200 turbinas hidroeléctricas y más de 300 grúas portuarias en distintos mercados del mundo. Además, declara una potencia instalada superior a 50000 MW a nivel global y más de 50 años de experiencia en los sectores nuclear y oil & gas.
Venezuela, en ese marco, puede convertirse en un caso testigo de la nueva etapa de la compañía.
La prueba de fuego: pagos, garantías y seguridad jurídica
El principal interrogante sigue siendo el mismo: cómo se financiarán y garantizarán los acuerdos.
Reuters señaló que las partes discutían aspectos legales y condiciones de pago. También informó que Caracas y Washington conversaban sobre una posible liberación de fondos venezolanos en el exterior, lo que podría facilitar parte del proceso.
El desafío es central porque Venezuela arrastra años de restricciones financieras, sanciones, deterioro institucional y dificultades para asegurar pagos a proveedores. La propia reforma eléctrica reconoce, de manera implícita, que el Estado no tiene capacidad suficiente para recuperar por sí solo la infraestructura del sistema.
Para los inversores, el caso IMPSA será observado como una señal temprana. Si el acuerdo avanza, podría demostrar que la nueva apertura venezolana es capaz de producir contratos ejecutables. Si se frena, confirmaría los temores sobre riesgo contractual, pagos y continuidad regulatoria.