El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela, una medida que pone fin al acuerdo alcanzado en 2022 durante la Administración Biden. Esta decisión vuelve a endurecer las restricciones sobre el sector petrolero venezolano.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la medida como «lesiva e inexplicable» y sostuvo que el Gobierno estadounidense está perjudicando a su propia economía.
«Pretendiendo hacerle un daño al pueblo venezolano, en realidad se está infligiendo un daño a Estados Unidos, su población y a sus empresas, poniendo además en entredicho la seguridad jurídica de Estados Unidos en su régimen de inversiones internacionales», expresó Rodríguez.
Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) rechazó categóricamente la acción de Washington y calificó la medida como «injerencista con fines extorsivos» y advirtió que decisiones similares en el pasado han provocado flujos migratorios significativos hacia Estados Unidos.
El ALBA-TCP también demandó respeto a la soberanía y al derecho al desarrollo de Venezuela, además del levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales.
«Una agresión más dentro de una larga lista»
El ingeniero y especialista en el sector petrolero venezolano, Jonny Hidalgo, explica a Sputnik que la licencia a Chevron «estaba limitada a vender la producción [petrolera] solo a Estados Unidos y prohibía cuestiones como la expansión de las actividades de Chevron a campos petroleros distintos a los que tenía establecidos antes del 2019».
En cuanto al impacto de la medida, Hidalgo advierte que esta decisión representa «una agresión más de una larga lista» y podría afectar a los inversionistas interesados en la industria petrolera venezolana, lo que impactaría en el crecimiento de la producción.
«Se ha colocado en la opinión pública la idea de que Chevron ha mejorado la economía del país, por lo que sacarlos del negocio impactaría a la opinión pública ante los diez procesos electorales que se realizarán en el país durante el 2025», explicó.
«En realidad, el peso de las actividades de Chevron en la economía venezolana no es tan alto como se afirma en los medios de comunicación. Sin embargo, la salida de Chevron representa un importante revés en un proceso de flexibilización de las sanciones contra Venezuela», agregó.
Analistas petroleros declararon a Sputnik hace algunos días que, gracias al acuerdo alcanzado entre Venezuela y Chevron, la nación suramericana “exportó unos 236.000 barriles diarios de crudo a EEUU en noviembre de 2024, situándose como séptimo mayor proveedor de petróleo para el país norteamericano”, lo que atestiguaba una señal positiva en la relación entre Washington y Caracas.
Confiar en las propias fuerzas
En cuanto al futuro de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, Hidalgo advierte que la medida «no se limita a Venezuela, sino que forma parte de una política sobre la región latino-caribeña».
Además, sostiene que la industria petrolera venezolana debe reestructurarse para hacer frente a las sanciones.
«El mercado internacional de hidrocarburos cambió totalmente; además, no creo que se elimine, en el corto o mediano plazo, la política de sanciones que EEUU ejecuta contra Venezuela y otros países. En este contexto, la industria petrolera en Venezuela debe reestructurarse, reorganizar sus fuerzas productivas y aprovechar las que existen en el país», argumentó.
El especialista destacó que Venezuela cuenta con una experiencia de más de 100 años en la producción petrolera y que existen especialistas y empresas nacionales con equipos necesarios para la extracción de crudo. «Tendemos a creer que no están en el país. Podríamos hablar sobre los objetivos de la industria o sus factores de producción; pero, en realidad, el gran reto es cambiar el paradigma desde el cual se fundó la industria petrolera para poder diseñarla desde un lugar diferente y obtener así resultados diferentes», concluyó Hidalgo.