El fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó al Estado argentino transferir sus acciones en YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de la compensación por la expropiación de la petrolera en 2012, amenaza con entorpecer el financiamiento de Vaca Muerta Sur, el mayor proyecto de infraestructura hidrocarburífera en ejecución en el país.
La decisión judicial se conoció justo cuando las petroleras que integran la sociedad VMOS S.A. (YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Shell, Pampa Energía, Chevron y recientemente Tecpetrol) estaban a punto de firmar el próximo lunes 7 de julio los documentos finales de un préstamo sindicado por más de US$ 2.000 millones, destinado a acelerar las obras del nuevo oleoducto que conectará la formación neuquina con Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro.
Ese financiamiento, estructurado bajo la modalidad de project finance, representa un hito sin precedentes desde la salida de la Convertibilidad.
Por su escala y características, implica que el riesgo crediticio está asociado al proyecto en sí y no directamente a las empresas socias, una herramienta común en grandes desarrollos internacionales, pero casi inédita en Argentina por su fragilidad macroeconómica.
Al momento del fallo, las partes negociaban una tasa total cercana al 12% anual en dólares, compuesta por la tasa SOFR (4,4%), un spread de 550 puntos básicos por riesgo argentino, y comisiones bancarias adicionales.
A pesar de ser una tasa elevada en comparación con emisiones recientes, los actores del sector la consideraban competitiva por las condiciones logradas y el volumen total.
Pero la sentencia de Preska podría alterar ese escenario: los bancos involucrados Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander podrían ahora solicitar nuevas garantías o modificar los términos del préstamo. La duda principal es si el consorcio mantendrá las condiciones pactadas o si la incertidumbre judicial hará retroceder o demorar el cierre del financiamiento.
Hasta ahora, el avance de obra, que ya superó el 15% de ejecución, se sostuvo con aportes de capital de las petroleras, a la espera de concretar la operación financiera.
Además, para el año próximo, se preveía una colocación de obligaciones negociables por otros US$ 400 millones en el mercado local, lo que completa la inversión estimada total de US$ 3.000 millones.
¿Efecto contagio en el sector?
El impacto no se limita a YPF ni al VMOS. El fallo también generó caídas en las acciones de la petrolera estatal tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña, y podría afectar el acceso al crédito de otras compañías energéticas que operan en Vaca Muerta y buscan financiamiento externo o local.
En los últimos meses, empresas como Pampa Energía (US$ 340 millones al 8%), Vista (US$ 500 millones al 8,5%) y Pluspetrol (US$ 450 millones al 8,75%) habían logrado emisiones exitosas, aprovechando una ventana favorable tras la estabilización cambiaria.
También hubo colocaciones locales, como la de Oleoductos del Valle (US$ 85 millones al 7,89%) y la operación en curso de Compañía Mega, con participación de YPF, que esta semana busca levantar hasta US$ 100 millones.
Pero compañías más pequeñas ya venían postergando emisiones por falta de condiciones competitivas. El fallo de Preska podría profundizar esa asimetría entre grandes jugadores con espalda financiera y pymes energéticas más expuestas al contexto judicial y financiero.
Un fallo que llega en mal momento
La sentencia llegó en el peor momento para el proyecto estrella de la infraestructura energética argentina. Vaca Muerta Sur es clave no solo para aumentar la evacuación de petróleo desde la cuenca neuquina, sino para diversificar exportaciones vía puertos patagónicos, aliviar los cuellos de botella logísticos y potenciar el ingreso de divisas.
Por eso, cualquier ruido que ponga en duda la viabilidad o el ritmo de avance de la obra enciende alertas en toda la industria.