Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.
En el caso Bainbridge, advirtieron una violación del derecho argentino ya que transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos.
También advierten que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EEUU en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska, “lo que refuerza las chances de revertir el fallo”, completan.
El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.