El Gobierno argentino apeló formalmente la sentencia de la jueza Loretta Preska, que ordenaba transferir el 51% de las acciones de YPF —en manos del Estado— a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park, por la expropiación de 2012.
La presentación se realizó el 9 de julio ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, representante legal de Argentina. La medida se tomó sin esperar la resolución sobre el pedido de suspensión del fallo, también solicitado recientemente.
Qué significa esta apelación
Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, “el Gobierno tenía margen de tiempo para apelar, pero lo hizo antes de conocer si se aceptaba el ‘stay’ solicitado a Preska. No es ilegal, pero podría haber esperado”. De todos modos, aclaró que la estrategia está dentro del marco legal.
Contexto del caso
La disputa legal se originó por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford Capital adquirió los derechos de litigio de Petersen Energía, el grupo que era accionista de YPF, y desde entonces exige una millonaria indemnización. Preska falló a favor del fondo, lo que desató una dura batalla judicial por las acciones controladas por el Estado argentino.
La apelación del Gobierno busca revertir la decisión y evitar una transferencia que significaría perder el control accionario de la principal petrolera del país.